La comunidad científica se dice preocupada porque la iniciativa que plantea expedir la Ley General de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación excluye a los órganos colegiados, no se consultó a investigadores ni a científicos para crearla y su falta de incentivos podría provocar una fuga de cerebros, alertaron integrantes del Conacyt, el CIDE y el Cinvestav.
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“Parecería que más bien lo que quieren es ir controlando un sector que podría ser muy crítico rumbo a 2024”, señalaron.
Solicitaron la oportunidad de exponer sus necesidades y propuestas en un parlamento abierto con los legisladores que se encargarán de estructurar un dictamen que será presentado al Congreso, pero pidieron que no se trate de un ejercicio a modo con personas afines al gobierno.
En entrevista con EL UNIVERSAL, el doctor Miguel Méndez Rojas, miembro del SIN III y Premio Nacional de Química 2022, refirió que el proyecto del presidente Andrés Manuel López Obrador podría provocar la salida de científicos del país por la falta de criterios claros para acceder a una beca.
“Es probable [que haya una fuga de cerebros] porque en el nuevo esquema de becas no quedan claros los criterios”, explicó.
Añadió que “busca centralizar las decisiones del Conacyt”, lo cual sería “una regresión respecto a lo que en décadas anteriores se había conseguido”.
Dijo que esperan una inclusión en el debate de la iniciativa, “no como lo han hecho, con conversatorios simulados, controlados por ellos”, sino mediante grupos plurales de investigadores que no estén alineados a ninguna ideología.
“[Esperaríamos que] se discutiera en el interior de las áreas que van a ser afectadas, los propios investigadores, las universidades, el sector público y el privado, porque una cosa que queda muy clara en esta reforma es que todo el sector privado, incluyendo a las universidades y las instituciones de educación superior privadas, se van a ver completamente discriminadas en cuanto al acceso a recursos y estímulos”, explicó.
Por su parte, Eduardo Muñiz Trejo, maestro en Políticas Públicas por el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), dijo que la iniciativa del Ejecutivo federal “es una forma de verticalizar la política científica” y provocará una fuga de cerebros.
“Actualmente, cada institución determina si otorga o no regalías a sus investigadores [por publicaciones], pero ahora será Conacyt quien determine eso, centraliza incluso ese tipo de decisiones, qué es un incentivo para hacer una investigación. Esta iniciativa lo que va a provocar es fuga de cerebros”, apuntó en entrevista con este diario.
Abundó que existe preocupación por la transformación que plantea el proyecto propuesto por el Ejecutivo federal, ya que no se consultó a la comunidad científica, y dijo que este gobierno, “más que desinterés, ha demostrado desprecio” hacia la ciencia.
“No creo que el Presidente realmente haya considerado al sector científico como una prioridad de su gobierno… parecería que más bien lo que quieren es ir controlando un sector que podría ser muy crítico rumbo a 2024.
“Plantea una transformación total del sistema, con un impacto profundo, y de ahí la preocupación de que se esté realizando una transformación de esta magnitud sin siquiera consultar a la comunidad”, explicó.
La doctora Alma Maldonado, investigadora del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados (Cinvestav), mencionó que el tema central de la iniciativa propuesta por el presidente López Obrador es modificar la toma de decisiones y excluye a los órganos colegiados, con lo que el Conacyt perderá relevancia.
“Lo central está en el tema de la gobernanza y a quiénes quieren convocar para que tomen las decisiones más importantes sobre el sistema de ciencia y tecnología. Van a lograr que pierda toda relevancia el Conacyt, y esta posibilidad de diálogo, de convocatoria y del consenso con todos los sectores, [porque] excluye a las [instituciones] privadas, a la ANUIES, a los órganos colegiados”, detalló.
Lamentó que en el país no se tome a la ciencia como un rubro en el que haya que invertir.
“En lugar de eso, se ve como una ámbito donde se gasta. Creo que es la perspectiva más dañina que puede existir”, sentenció la investigadora.
Afirmó que los académicos piden una “ley por consenso, donde todo el mundo esté, básicamente, de acuerdo en cómo quedó planteada”, y que las comisiones dictaminadoras del Congreso deben tomar en cuenta 44 iniciativas que proponen cambios menores, más las cinco que plantean expedir leyes completas, “con las partes mejor elaboradas y desarrolladas”.
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Ruta legislativa inicia en enero; contempla parlamento abierto
Durante la presente Legislatura se han turnado a la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Cámara de Diputados 22 iniciativas que proponen reformar la Ley de Ciencia y Tecnología, y la Ley Orgánica del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología.
Así como cuatro iniciativas que plantean expedir una nueva ley en ambas materias: una en la Cámara de Diputados y tres en el Senado de la República.
En enero se convocará al trabajo en conferencia entre las comisiones de Ciencia y Tecnología de la Cámara de Diputados y el Senado de la República para definir las acciones para dictaminar la Ley General en Materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación.
En la ruta legislativa se tiene previsto llevar a cabo un parlamento abierto sobre el tema.
“En febrero iniciaremos con nuestros trabajos, se convocarán. Nos pondremos de acuerdo para poder arrancar este parlamento abierto y darle transparencia”, detalló el diputado Javier López Casarín, presidente de la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Cámara de Diputados.
Dijo que escucharán lo que presente el Conacyt, la SEP, universidades, centros de investigación y desarrollo públicos y privados, estudiantes y centros de academia, porque conforman “nuestro ecosistema de ciencia, tecnología e innovación”.
Señaló que se buscará fortalecer los mecanismos de transparencia y que se cumpla lo estipulado en el artículo 9 bis de la ley actual, que establece que para la ciencia y la tecnología se debe invertir por lo menos el equivalente a 1% del PIB.
“Serán trabajos prioritarios para ambas comisiones, iniciando el próximo periodo. Estructuraremos todos los argumentos que sean necesarios para poder presentar al Ejecutivo el estudio que se genere y los resultados de este parlamento abierto”, afirmó.
El diputado López Casarín mencionó que se considerará en el dictamen el contenido de las otras iniciativas que se encuentran en el Senado de la República y en la Cámara de Diputados que tienen el mismo objetivo.