Al menos 401 espectaculares para promocionar el pasado ejercicio de revocación de mandato se adquirieron mediante operaciones con terceros o prestanombres, detectó la Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral (INE), la cual, de manera preliminar, halló diversas irregularidades al fiscalizar los gastos que se utilizaron en ese ejercicio.
El órgano electoral detectó también que algunos contratantes de los anuncios espectaculares recibieron depósitos en efectivo para que pudieran solventar el gasto de los anuncios e, incluso, encontró transferencias desde el extranjero.
En otros casos los anuncios fueron contratados por ciudadanos que sólo fueron identificados con el nombre de pila, sin apellidos.
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El órgano electoral detectó que 36 proveedores realizaron operaciones con 45 contratantes por 5 millones 221 mil 281 pesos.
Las contrataciones están concentradas en un grupo de 42 ciudadanos que pagaron 401 espectaculares por 3 millones 965 mil 853 pesos.
Sin embargo, sólo 16 de los proveedores circularizados proporcionaron las facturas relacionadas con 29 contratantes que integran un importe de 941 mil 561 pesos, según la información integrada por la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral.
A partir de estos datos, el órgano electoral solicitó información sobre los proveedores a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) para elaborar un cruce de datos sobre las operaciones, la cual entregó toda la información de ellos, pero parcialmente de los contratantes.
También se requirió información a la Unidad de Inteligencia Financiera, que entregó los datos de los proveedores, más no de los ciudadanos que contrataron los espectaculares, mientras que el Sistema de Administración Tributaria (SAT) no había dado respuesta al cierre del informe.
A partir de los movimientos bancarios, el INE identificó que en seis casos existen depósitos previos en efectivo, transferencias del extranjero y de personas morales, así como pagos previos a la contratación del espectacular.
Entre los casos expuestos por el órgano electoral está el de “Luis Humberto”, quien pagó 144 mil 257 pesos a Comercializadora Laredo Bilboards, S.A. de C.V.
En la misma fecha del pago al proveedor recibió una transferencia del extranjero por 7 mil 500 dólares, equivalentes a 141 mil 737 pesos, mientras que en su cuenta bancaria tenía sólo 17 mil 298 pesos.
“Los movimientos bancarios serán contrastados contra la información financiera y fiscal una vez que se cuente con ella, a fin de determinar la congruencia de sus operaciones”, indicó.
Un patrón similar se repitió con el “C. Raúl”, quien pagó un anuncio por 288 mil 515 pesos a la misma Comercializadora Laredo Bilboards, S.A. de C.V.
Por separado, “Mariana” y “Esther” pagaron 72 mil 129 pesos respectivamente al proveedor Comercializadora Laredo Bilboards, S.A. de C.V., luego de que ambas recibieron ese monto por concepto de “préstamo” de las empresas Consutec, S.A. de C.V. y Exxel Internacional, S.A. de C.V.
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“En el análisis a los estados de cuenta se advierte que los saldos iniciales y flujos de dinero habituales son insuficientes para cubrir en algún momento el retorno del préstamo”, señala el informe.
En la fecha de contratación recibió tres depósitos en efectivo por 289 mil pesos, mientras que en esa fecha su saldo en la cuenta bancaria era de 11 pesos.
El INE detectó a 128 propietarios de 240 estructuras en los que se colocó publicidad para la revocación de mandato, así como 24 con altas probabilidades de haber colocado espectaculares, para un total de 152 proveedores.
Sin embargo, sólo 104 respondieron que entregaron la información requerida por el órgano electoral al corte del 9 de mayo.
De este grupo, 68 negaron haber exhibido publicidad para la revocación de mandato, pese a los requerimientos del INE, mientras que los 36 restantes presentaron la información que se incluye en el documento.
La Unidad Técnica de Fiscalización subrayó en el informe se realizó un programa de revisión para identificar si los partidos políticos cumplieron con la obligación de abstenerse de aplicar los recursos del financiamiento público y privado para el pago de publicidad del proceso de revocación de mandato de manera directa o a través del uso de vehículos financieros o económicos.
En la sesión del Consejo General del INE, en la que se aprobó el informe, Jaime Rivera, presidente de la Comisión de Fiscalización, precisó que éste es un informe de hallazgos, por lo que no es concluyente ni vinculante.
“Repito, son los resultados de observación, monitoreo y, en su caso, solicitudes, emplazamientos de información para establecer hechos.
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