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La Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal (CJEF) anunció que impugnará la decisión del ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Javier Laynez Potisek, de admitir la controversia constitucional que interpuso el INE y suspender la aplicación del llamado plan B en materia electoral.
En un comunicado, la dependencia federal acusó que el ministro “arrancó hojas a la Constitución” y desconoce las reglas del procedimiento que regula las controversias constitucionales.
“El Ejecutivo federal no permitirá que se violente la Constitución ni el orden jurídico mexicano, y solicitará al pleno de la Corte revocar el acuerdo que admite a trámite dicha controversia, así como la medida suspensiva, al resultar contrarias a los principios fundamentales del Estado de derecho que nos rige, pues resulta preocupante que el ministro instructor desconozca las reglas del procedimiento que regula las controversias constitucionales, lo que desnaturaliza este medio de control constitucional que busca alcanzar un equilibrio sano entre los Poderes de la Unión.
“Ante esta serie de arbitrariedades y una vez que se notifique formalmente dicha resolución, el Ejecutivo federal, a través de su Consejería Jurídica, impugnará la decisión del ministro Laynez”, indicó y agregó que “no es común” que, en viernes por la noche y sin notificar de manera formal a las autoridades, el Máximo Tribunal anuncie públicamente una determinación tan relevante, como tampoco es normal que se admita a trámite una controversia constitucional en materia electoral.
“Porque la Constitución no lo permite y, menos aún, había ocurrido en la historia de nuestro país que un solo juez constitucional dejara sin efectos la totalidad de una ley electoral aprobada legítimamente por el Poder Legislativo y ordenara revivir las disposiciones derogadas, lo que sólo puede determinarse mediante una sentencia definitiva aprobada por al menos ocho ministros.
“Es decir, se trata de régimen de excepción que modifica los precedentes jurisprudenciales en la materia y anula por completo la presunción de validez constitucional que toda norma general posee, ya que la ley constituye la expresión de la voluntad popular a través de sus representantes electos democráticamente”, expuso.
Señaló que la Constitución solo faculta a la SCJN para conocer de las controversias donde se cuestione la regularidad constitucional de las normas generales, actos u omisiones, con excepción de las que se refieran a la materia electoral: “Existe una restricción constitucional expresa para que no se discutan las reglas electorales entre los órganos del Estado, pues no es función del árbitro electoral cuestionar las normas jurídicas que el Poder Legislativo tuvo a bien expedir”, expuso.
“Plan B no pone en riesgo derechos”
La CJEF manifestó que resulta preocupante que el ministro Laynez Potisek suspenda la aplicación de la totalidad del decreto controvertido cuando el INE no lo solicitó así y que, incluso, “no impugnó la totalidad de las normas modificadas, sino sólo aquellas que considera pueden afectar la operatividad del instituto”.
Aseveró que resulta fundamental que los ministros de la SCJN actúen dentro de las atribuciones que les corresponden, sin traspasar los límites que les imponen la Constitución y las leyes, para garantizar el orden constitucional y democrático, y proteger los derechos y libertades de todas las personas frente a la arbitrariedad de una autoridad judicial que actúa en contra de las leyes que rigen su actuación.
Argumentó que es falso que con el plan B se pongan en riesgo los derechos fundamentales de la ciudadanía, así como la organización de las elecciones, ya que no existe ningún proceso electoral federal en curso, por lo que se trata de una resolución “injustificada e innecesaria”.
“El Estado de derecho jamás ha sido amenazado con la aprobación de las reformas a las leyes electorales, por el contrario, se garantiza el ejercicio eficiente de los recursos públicos para consolidar nuestro régimen democrático a un menor costo para los contribuyentes”, opinó.
