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El colectivo Seguridad Sin Guerra y senadores del Grupo Plural, del PRI y Movimiento Ciudadano, presentaron ante la Mesa Directiva del Senado un paquete de 10 reformas constitucionales que busca desmilitarizar la seguridad pública en el país, fortalecer la formación de elementos civiles y revisar el pacto social en materia de seguridad.
En rueda de prensa, los senadores del Grupo Plural, Emilio Álvarez Icaza, Germán Martínez y Gustavo Madero; del PRI, Claudia Anaya; y de Movimiento Ciudadano, Indira Kempis, entre otros, acompañados de especialistas y activistas, destacaron que este paquete de 10 reformas buscará que se discuta en parlamento abierto junto con la iniciativa presidencial que plantea que la Guardia Nacional forme parte de la Sedena.
Álvarez Icaza expuso que es un paquete de reformas de 10 constitucionales que va más allá de “si la Guardia Nacional deba o no incorporarse a las Fuerzas Armada. Nos parece que lo que tenemos que revisar es el pacto social en materia de seguridad”.
Argumentó que no se debe normalizar la presencia de los militares en las calles porque ello no tiene sentido y limita más las libertades, además de que se sigue protegiendo el pacto de impunidad en las masacres y desapariciones en los que se involucra a miembros de las Fuerzas Armadas.
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Reconoció que por ser una reforma constitucional se requieren dos terceras partes del Senado para su aprobación, por lo que es indispensable un proceso de parlamento abierto para que expertos expongan sus alcances, así como dialogar con todas las fuerzas políticas, incluida Morena.
Expuso que es un paquete de reformas que busca eliminar la figura de delincuencia organizada , del arraigo, de la prisión preventiva oficiosa en la Constitución, entre otros temas.
Claudia Anaya Mota, senadora del PRI, indicó que la reforma incluye el tema de los derechos laborales de los servidores públicos en materia de seguridad, así como crear un modelo de seguridad democrático ciudadano y con respeto y apego a los derechos humanos.
Dijo que es alarmante es que “sólo el 20% de los más de 100 mil integrantes de la Guardia Nacional tienen la cobertura de su certificado de confiabilidad con el que contaban los anteriores integrantes de la Policía Federal que extinguimos. Es un retroceso en la formación y profesionalización de policías civiles a nivel federal estatal y municipal”.
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Susana Camacho, del colectivo Seguridad Sin Guerra, detalló que se busca desmilitarizar el actual esquema de seguridad en el país, donde el 80% de los integrantes de la Guardia Nacional provienen de las fuerzas armadas.
Argumentó que la relevancia de la reforma es haya un replanteamiento y una alternativa bastante viable para empezar a formar policías de carácter civil y que México sea abiertamente parte del Estatuto de la Corte Penal internacional para que los casos de masacres que han cometido autoridades de carácter militar puedan llegar a esas instancias.
Criticó lo que ocurre con un fiscal como Alejandro Gertz Manero, que "fabrica" delitos para perseguir a dos mujeres inocentes, “el mismo fiscal que exoneró a Salvador Cienfuegos a quien se paseaba hace unos días en Santa Lucía, el mismo fiscal que arrastra una veintena de escándalos”.
Refirió el caso Ayotzinapa, donde, apuntó, quedó claro que ni la voluntad política alcanza para acabar con la impunidad militar de las Fuerzas Armadas que participaron antes durante y después de la noche de Iguala donde desaparecieron 43 normalistas.
La iniciativa de reformas fue presentada e impulsada también por el Observatorio Nacional Ciudadano, la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos y México Unido Contra la Delincuencia.
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