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Por instrucciones del pleno de la Cámara de Diputados, los abogados de la Dirección General de Asuntos Jurídicos interpusieron ayer ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) una demanda de controversia constitucional, por considerar que el acuerdo para blindar al gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, invade las facultades que sólo San Lázaro tiene.
Dicha demanda fue signada por la diputada Dulce María Sauri Riancho, en su calidad de presidenta de la Mesa Directiva y representante legal de la Cámara.
El pleno, en sesión del 25 de marzo, aprobó por 285 votos a favor, 77 en contra y 46 abstenciones promover una demanda de controversia constitucional en contra del Congreso de Tamaulipas, por considerar que dicho acuerdo violenta diversas disposiciones de la Constitución, al vulnerar la facultad exclusiva de la Cámara para declarar la procedencia en contra de servidores públicos de las entidades.
Los diputados consideraron que el Congreso de Tamaulipas no puede llevar a cabo un nuevo procedimiento de declaración de procedencia, ya que implicaría dejar sin efecto el substanciado ante la Cámara, situación que no es posible, pues, argumentaron, no puede quedar ocioso ni resultar intrascendente, toda vez que la Constitución determina que las resoluciones en las declaraciones son definitivas.
