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La tarde de este jueves 10 de octubre se presentó el Informe Final del Mecanismo para la Verdad y el Esclarecimiento Histórico “Verdades Innegables, por un México sin impunidad”, sobre el periodo conocido como la Guerra Sucia en la que se cometió desaparición forzada, tortura, ejecuciones extrajudiciales y violaciones graves a los derechos humanos.
En el Centro Cultural Universitario Tlatelolco, los integrantes de la Comisión para el Acceso a la Verdad, el Esclarecimiento Histórico y el Impulso a la Justicia en México destacaron el trabajo de análisis que comenzó en 2022, hasta concluir con la redacción este año.
Además, reconocieron que el archivo militar se planteó con más interés para el informe, aunque “no fue fácil el camino porque las Fuerzas Armadas no entregaron fuentes documentales”, pero se insistió.
Describieron que, entre otras prácticas del trabajo documental, se revisaron 43 archivos públicos y privados, se recogieron 227 testimonios de víctimas de graves violaciones a los derechos humanos y se visitaron 14 estados. El informe cuenta de cuatro tomos, con 14 capítulos de dos mil 20 páginas.
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Froylán Enciso, titular de la Unidad para la Defensa de los Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (Segob), reconoció el “difícil trabajo” de historiar estos temas, y reconoció la amplia investigación.
Este informe ejecutivo de la Segob, dijo Enciso, ayudará a comprender con más profundidad la violencia política de la época, las personas e instituciones responsables.
Resaltó que el trabajo evidenció también violaciones contra estudiantes, organizaciones cívico-militares, grupos sindicales y de defensa de derechos humanos.
El funcionario de Gobernación indicó que el informe sintetiza la búsqueda, el esclarecimiento histórico, el avance de investigaciones judiciales y la reparación y memoria, además que enfatiza la documentación de planes operativos que dan cuenta de la política contrainsurgente y de las personas responsables y sus líneas de mando.
Aunque ya se presentó el informe final, Froylán Enciso mencionó que la Fiscalía General de la República (FGR) ha integrado las carpetas de investigación por crímenes como desaparición forzada y lesa humanidad, con la finalidad de que no prescriban nunca.
Recordó que el pasado 2 de octubre se publicó en el Diario Oficial de la Federación un acuerdo por el que se reconoce que la masacre de 1968 constituyó un crimen de lesa humanidad, además que la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, ofreció una disculpa a las víctimas de Tlatelolco.
“El proyecto de la Cuarta Transformación seguirá trabajando por la verdad y memoria de la llamada Guerra Sucia", dijo Enciso al destacar que todas las personas mexicanas deben conocer este informe.
Jesús Peña Palacios, representante adjunto de la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), reconoció el trabajo alcanzado y las reflexiones para construir un presente más justo y transparente.
Peña Palacios destacó la voluntad del Gobierno en la creación de la Comisión para avanzar en una agenda históricamente soslayada por el Estado.
La comisionada Eugenia Allier reconoció a las personas que dieron su testimonio para el informe y a quienes prestaron sus archivos personales para lograr este informe.
Durante la presentación se guardó un minuto de silencio por quienes fallecieron sin conocer el destino de sus familiares y también para las víctimas que murieron sin conocer más.
Cómo podemos hablar de no repetición con el grado de poder del Ejército mexicano, cuestionó María de Vecchi, de la organización Artículo 19. Este informe, agregó, sirve como base para la justicia.
Felipe Ávila, director del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México (INEHRM), destacó el “compromiso” del gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador para recuperar la memoria de lo que pasó en la Guerra Sucia y hacer justicia.
Félix Hernández Gamundi, del Comité 68, expresó: “Me gustaría ver este informe como un punto de partida (...) El informe contiene cosas que ya sabíamos; ha habido la acumulación de una experiencia represiva en el Estado y esa no ha desaparecido y en esa tenemos que pensar”.
Hernández Gamundi abundó que el informe tiene que ser un punto de partida para que se tengan mejores herramientas “para que la justicia venga a sentarse a nuestras mesas”.
El reto es poder llegar a la verdad, a la justicia y a la reparación integral del daño porque el responsable es el Estado, añadió. Tenemos que desmontar la idea que las Fuerzas Armadas nos pueden dar seguridad pública, criticó.
“Tenemos el reto de construir un nuevo modelo de justicia, el que tenemos no nos sirve”, declaró el integrante del Comité 68.
Recomendaciones
Entre las recomendaciones, el Informe menciona una disculpa pública y reconocimiento de la responsabilidad del Estado en las violaciones graves a los derechos humanos cometidas en el periodo, instaurar un Día Nacional en Conmemoración de las Víctimas de Violencia Estatal de 1965 a 1990 e impulsar campañas de difusión y concientización de alcance nacional.
También crear un Centro Nacional de Memorias para los Derechos Humanos, preservar y mantener los sitios de memoria existentes y creación de nuevos sitios de memoria, cambio de nomenclatura de espacios públicos y vialidades, incorporación sobre las violaciones a los derechos humanos del pasado en contenidos educativos y la conformación de comisiones de la verdad en el ámbito local y para periodos posteriores.
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