Durante los tres años de la presente legislatura se presentaron en el Congreso de la Unión, 23 iniciativas de reforma constitucional que proponen eliminar la figura de prisión preventiva oficiosa, para cumplir con sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que han condenado al Estado mexicano por la violación de derechos que esta medida cautelar implica, según un estudio de la Dirección General de Análisis Legislativo del Instituto Belisario Domínguez (IBD) del Senado.
El análisis, titulado “Adecuación del ordenamiento jurídico respecto de la figura de Prisión Preventiva Oficiosa en la Carta Magna y en leyes secundarias: una asignatura pendiente”, elaborado por la investigadora Carla Angélica Gómez Macfarland destaca que se han presentado 23 iniciativas que no están en sintonía con las sentencias de dicha Corte, algunas de las cuales proponen ampliar el uso de la prisión preventiva oficiosa en delitos como el secuestro, la defraudación fiscal y la deforestación.
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El estudio cita que, de acuerdo con los Principales Resultados de la Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad (ENPOL) 2021, había 220.5 mil personas privadas de la libertad en los centros penitenciarios del país, de las cuales, 61 mil 328, es decir, el 29.6%, aún no contaba con una sentencia.
La investigación del IBD concluye que la discusión de la adecuación del marco jurídico nacional en torno a la prisión preventiva oficiosa es un tema pendiente que urge resolver, tanto para garantizar los derechos de las personas privadas de la libertad, como de las víctimas de los delitos.
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