Nación

Presenta PAN denuncia contra AMLO y titular de Seguridad

Acción Nacional interpone recurso contra quienes resulten responsables de la liberación de Ovidio Guzmán

Pide que dejen el cargo. El PAN exige la renuncia de todos los funcionarios que participaron en el fallido operativo de Culiacán. ARCHIVO EL UNIVERSAL
21/10/2019 |03:10Suzzete Alcántara |
Redacción El Universal
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El Partido Acción Nacional (PAN) presentó una denuncia de hechos ante la Fiscalía General de la República (FGR) contra el presidente Andrés Manuel López Obrador, su secretario de Seguridad Pública, Alfonso Durazo, y quienes resulten responsables de liberar a Ovidio Guzmán, presunto narcotraficante en Sinaloa.

La denuncia fue para que sean investigados diversos hechos que pudieran considerarse como delitos cometidos durante el operativo federal que logró la captura y posterior liberación del hijo de Joaquín El Chapo Guzmán por orden del más alto mando de la seguridad, según reconoció el Presidente.

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Acción Nacional advirtió que, con la liberación del hijo de El Chapo, se vulneró el Estado de derecho y el gobierno morenista envió un claro mensaje a los mexicanos de “que hay amnistía” para criminales.

“Al haber liberado al hijo de El Chapo, se condenó a todos los mexicanos a mayores riesgos por su vida, patrimonio y tranquilidad (...) El Estado tiene la obligación de aplicar la ley y hoy vemos un Estado fallido”, señaló en un comunicado.

El PAN insistió en la renuncia de todos los funcionarios que participaron en el fallido operativo de Culiacán, Sinaloa, en coherencia con lo que pidió en 2015 López Obrador, cuando se fugó El Chapo Guzmán, lo que ameritaba la renuncia de todo el Gabinete de Seguridad.

El blanquiazul señaló que Alfonso Durazo y demás servidores públicos que estuvieron involucrados en la toma de decisiones durante el operativo en Sinaloa actuaron de manera “precipitada, con deficiente planeación y falta de previsión“, por lo que deben ser separados del cargo para que la fiscalía pueda hacer una investigación objetiva.

Demandó al gobierno federal la aplicación estricta del Estado de derecho contra la delincuencia organizada y a “no dejarse someter” a los intereses más perversos.

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