Los senadores Ricardo Monreal Ávila y Julio Menchaca Salazar presentaron una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se expide el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, como consecuencia de la reforma en materia de justicia cotidiana aprobada por el Congreso de la Unión en septiembre de 2017.
En la exposición de motivos, ambos legisladores de Morena destacan que la emisión de este Código no representa un simple cambio legislativo que regula procesos judiciales, sino una reforma de gran calado para lograr tener un sistema de justicia expedito y eficaz.
“Este esfuerzo representa un auténtico cambio del sistema de justicia, un paradigma nuevo que requiere de la participación de todos los operadores jurídicos con estándares de actuación diferentes al que están ya adaptados. Se trata de una reforma de gran calado al nivel, o incluso mayor, al de la reforma al sistema integral de justicia penal de 2008, por la cantidad de asuntos que se judicializan en el país en la materias civil y familiar, y el impacto que tiene en la justicia cotidiana y la paz social”.
El proyecto consta de 894 artículos, distribuidos en once libros que están ordenados progresivamente con las denominaciones “Del Sistema de Impartición de Justicia en materia Civil y Familiar”; “De la competencia objetiva y subjetiva”; “Disposiciones comunes en los procedimientos orales civiles y familiares”; “De la justicia civil”; “De la justicia familiar”; “De las acciones colectivas”; “De los recursos y juicio de responsabilidad”; “De la justicia digital”; “De la sentencia, vía de apremio y su ejecución”; “De la cooperación procesal internacional”; y, “Del juicio arbitral”.
En la iniciativa se establece un régimen transitorio que permita a los Poderes Judiciales de cada Entidad Federativa la implementación del nuevo Código en forma gradual, por lo que se otorga un plazo máximo de ocho años, con el fin de que el Congreso de cada Estado emita una Declaratoria a petición del Poder Judicial local y, en su caso, el Federal, para incorporar a su régimen jurídico interior el Código Nacional.
“De esta forma, el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares no entrará en vigor hasta en tanto sea publicada la declaratoria de vigencia, misma que se realizará una vez que, en el ámbito federal o en cada Entidad Federativa, se lleven al cabo las actividades de instalación de infraestructura física, capacitación entre las personas operadoras, socialización y difusión del nuevo ordenamiento jurídico”.
Señala que esto permitirá que oportunamente se asignen recursos y se prepare a todas las personas para su aplicación, conforme a la situación que se viva en cada territorio del país, y con este fin se propone que el Congreso de la Unión asigne los recursos públicos necesarios para que los Poderes Judiciales, Federal y Locales, cuenten con la infraestructura tecnológica, recursos humanos y capacitación necesaria para la aplicación del nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares.
Los senadores Monreal y Menchaca subrayan que este proyecto es el resultado y producto de la amplia y vasta experiencia de personas Juzgadoras del país, miembros de la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia de la República Mexicana (Conatrib) como operadores reales de los procesos judiciales, a quienes se les consultó “a fin de contribuir a un ejercicio democrático e incluyente entre todos los Poderes Judiciales del país, que permitirá recoger las inquietudes y observaciones necesarias en beneficio de la construcción de un proyecto integral y de mayor calidad”.
Los autores de la iniciativa remarcan que el proyecto satisface las necesidades de una justicia cotidiana y abierta, pues cumple con los más altos estándares internacionales en materia de acceso a un recurso sencillo, rápido y efectivo; desahogo de procedimientos en materia civil y familiar más prontos y expeditos; respeto absoluto a los derechos humanos; y se sustenta en un sistema de impartición de justicia oral, que aprovecha las herramientas de la tecnología de la información para garantizar mayor acceso a la justicia en la solución de conflictos.
