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Nueva York.— Estados Unidos y México informaron ayer lunes que preparan una resolución de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) que autorizaría una “misión de asistencia internacional” para ayudar a mejorar la seguridad en Haití a fin de que se pueda entregar ayuda humanitaria urgente a millones de personas necesitadas.
La embajadora estadounidense Linda Thomas-Greenfield realizó el anuncio durante una reunión de emergencia del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, mientras miles de personas en Haití salían a las calles de nuevo para exigir la renuncia del primer ministro Ariel Henry.
Las protestas se llevaron a cabo el día en que el país conmemora la muerte de Jean-Jacques Dessalines, un esclavo que se convirtió en el gobernante de la primera república negra del mundo.
Thomas-Greenfield dijo que la misión propuesta —la cual “no es de la ONU”— sería por tiempo y alcance limitados y estaría encabezada por un “país aliado” que no fue identificado, “con la experiencia amplia y necesaria requerida para que una labor así pueda ser efectiva”. Incluiría un mandato para el uso de la fuerza militar en caso necesario.
Apuntó en que esta fuerza “facilitaría apoyo internacional a la Policía Nacional de Haití, así como a la Guardia Costera, ayudando a mejorar la situación de seguridad sobre el terreno”.
La diplomática recordó que su país y Canadá ya se han coordinado para la entrega de equipos de seguridad al gobierno haitiano, que incluyen vehículos tácticos y blindados para “ayudar a la Policía Nacional de Haití a contrarrestar la violencia de las pandillas y restablecer la estabilidad y la seguridad”.
La segunda medida en la que trabajan Estados Unidos y México, detalló, es la imposición de “sanciones financieras a los actores criminales que tanto sufrimiento están infligiendo al pueblo haitiano”, así como limitaciones de visados que incluirán a los funcionarios y exfuncionarios del gobierno de Puerto Príncipe conectados con las pandillas y otras organizaciones criminales de la isla.
El representante de México ante la ONU, Juan Ramón de la Fuente, subrayó que el embargo de armas tendrá como objetivo “evitar que las pandillas las obtengan con tanta facilidad”. El diplomático subrayó que “no es sancionar al gobierno de Haití, sino a quienes atentan contra la gobernanza mediante la violencia y mantienen aterrorizada a la población civil”.
Thomas-Greenfield dijo que la resolución sobre la misión de seguridad que se elabora es una “respuesta directa” a la solicitud que Henry y el Consejo de Ministros de Haití presentaron el 7 de octubre para recibir asistencia internacional con el objetivo de ayudar a restaurar la seguridad y atenuar la crisis humanitaria. La propuesta refleja una opción que planteó el secretario general de la ONU António Guterres en una carta dirigida al Consejo de Seguridad del organismo el 9 de octubre, en la que pidió que uno o varios Estados miembros de la ONU desplieguen una fuerza de acción rápida para ayudar a la Policía Nacional de Haití.
Haití ha sido presa de la inflación, que ha disparado los precios de los alimentos y el combustible, y ha exacerbado las protestas que han llevado a la sociedad a un punto de quiebre.
La vida diaria en la nación caribeña comenzó a salirse de control el mes pasado, apenas horas después de que Henry diera a conocer el fin de los subsidios a la gasolina, lo que provocó que los precios se duplicaran. Las pandillas bloquearon el acceso a la terminal de combustible Varreux, lo que desató una severa escasez de gasolina en un momento en que el alza de los precios ha puesto a los alimentos y la gasolina fuera del alcance de muchos. El agua potable es escasa y la nación lidia con un brote de cólera.
La inestabilidad política en el país más pobre de Latinoamérica se ha desatado desde el asesinato sin resolver del presidente Jovenel Moïse, ocurrido en julio del año pasado y en el que participaron mercenarios colombianos, según las indagaciones en el país. Sin embargo, no todos en el Consejo de Seguridad están de acuerdo con el envío de una misión.
El embajador adjunto ruso ante la ONU, Dmitry Polyanskiy, advirtió que “muchos grupos de oposición” haitianos “piden que no se permita una intervención extranjera y, con razón, también se refieren, por decirlo suavemente, a una experiencia no muy exitosa de injerencia externa en los asuntos del país”. Por ello, instó a considerar estas opiniones y a “sopesar cuidadosamente todas las consecuencias de traer contingentes extranjeros dentro de formatos internacionales o regionales a Haití”.
También se mostró contrario a imponer un régimen de sanciones a Haití, en lo que llamó “intentos de impulsar precipitadamente una resolución de este Consejo”, poniendo en duda su efectividad a largo plazo, su naturaleza y sus posibles “consecuencias humanitarias”.
El representante de China, en sintonía con el ruso, cuestionó: “En un momento en que el gobierno haitiano carece de legitimidad y es incapaz de gobernar, ¿el envío de una fuerza de acción tan rápido a Haití recibirá la comprensión, el apoyo y la cooperación de todas las partes en Haití o se encontrará con oposición, o peor, podría desencadenar una confrontación violenta de la población?”, se preguntó el embajador Geng Shuan.
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