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Culiacán, Sin.— Al concluir los nueve foros sobre la reforma al Poder Judicial de la Federación (PJF), organizados por la Cámara de Diputados, Morena anunció que propondrá una modificación legal paralela a la propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador, los sistemas de seguridad pública y de procuración de justicia.
Se trata de un proyecto para modificar diversas leyes, en más de 100 artículos, que trabajan en conjunto el coordinador guinda en el Senado, Ricardo Monreal, y el fiscal general de la República, Alejandro Gertz.
El proyecto fue entregado ayer por Germán Adolfo Castillo Banuet, titular de la Fiscalía de Control Regional, de la Fiscalía General de la República (FGR), a Ernestina Godoy, próxima consejera jurídica, quien coincidió en que es necesario hacer cambios.
“Tenemos que hacer una serie de reformas legales, yo he ubicado por lo menos 18 leyes que tienen que ser reformadas, y tenemos que darle herramientas a los jueces para que puedan hacer efectivos los procesos rápidos, sin violentar el derecho de defensa, el debido proceso”, dijo.
El senador Monreal Ávila detalló que el proyecto contempla revisar la aplicación de la prisión preventiva oficiosa; modificar el procedimiento para aplicar la extinción de dominio; la desaparición y reclutamiento forzado; el combate al tráfico de fentanilo, y otorgar el carácter de quejoso al Ministerio Público en procedimientos de amparo.
“Va a ser muy amplia, porque es una reforma que contempla reformas a la Constitución, a normas, a la Ley de Migración, más de 100 artículos, entre cambios a la Constitución y a distintas leyes. A las leyes de Armas de Fuego y Amparo, a los códigos Penal y de Procedimientos Penales, todos estos ordenamientos jurídicos son los que se contemplan para un sistema de procuración de Justicia profundo”, expuso.
Buscará reunirse con Sheinbaum Pardo para planear si se discuten de manera conjunta, la reforma propuesta por el Ejecutivo y la suya, o una por una.
No están contemplados en la iniciativa presidencial los sistemas de seguridad pública y de procuración de justicia, son iniciativas diferentes, se analiza si se hace de manera conjunta. Si no es posible, primero va la del sistema de justicia y luego FGR, dijo Monreal.
Hoy se empezarán a incorporar algunas de las propuestas de los foros en el proyecto de dictamen, como la gradualidad en la elección de ministros, magistrados y jueces.
En el último foro, Jesús Iván Chávez Rangel, magistrado presidente del Supremo Tribunal de Justicia de Sinaloa, coincidió en que son necesarias varias reformas: “No hay reformas definitivas, no se trata ingenuamente de que una sola reforma nos va a llevar al destino”, dijo.
Sara Bruna Quiñonez Estrada, fiscal general del estado, propuso dotar de mayores recursos a las fiscalías para la formación y capacitación continua, invertir en nuevas tecnologías y mecanismo de participación ciudadana: “La reforma al Poder Judicial en México es una tarea no sólo urgente, sino compleja que requiere la participación activa y coordinada de todos los sectores involucrados”, dijo.
Mónica Ferreyra García, del Colegio de Abogados Indígenas, pidió que en la reforma se consideren lugares para jueces indígenas: “Un 20% de los jueces exigimos en paridad que sean investidos juristas indígenas, es decir, de cada 10 nuevos magistrados y jueces, dos deben de ser indígenas”, expuso.
Marlene Ángeles, jueza de amparo en Sinaloa, aseguró que es necesario que se abran más tribunales y se pronunció en contra de la elección popular en el Poder Judicial: “Vamos a sacrificar derechos humanos para dar resultados a la elección, es peligroso que nos digan corruptos porque se liberó a la persona al fabricarle pruebas, no existe la presunción de culpabilidad, existe la presunción de inocencia”, dijo.
