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phenelope.aldaz@eluniversal.com.mx
La presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Margarette May Macaulay, manifestó su preocupación ante la cantidad de casos que se registran en México por violación a los derechos humanos.
En entrevista en las instalaciones del Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México (Copred), señaló que el Estado ha fallado en brindar protección a sus ciudadanos.
“Es una gran preocupación, hay mucha violencia y recibimos muchos casos para atender distintas violaciones a los derechos humanos (…) El Estado es responsable, porque tiene que proteger a todos sus ciudadanos de cualquier forma de violencia y cuando éstos son atacados, asesinados o violados, no se les da la atención adecuada en un hospital y sufren algún tipo de consecuencia, de todo eso el Estado es responsable”, afirmó.
Margarette May Macaulay dijo que aun cuando el gobierno mexicano ha mostrado colaboración para atender las recomendaciones que emite la comisión, es necesario que trabaje de forma honesta y se garantice la reparación del daño en las víctimas.
“Debe darles un proceso y atender la investigación siempre que se cometa un crimen en contra de algún ciudadano y cuando se encuentre a la persona responsable del crimen, llevarlo a juicio y si se le encuentra culpable sufrir un castigo, pero aun así el Estado sigue siendo responsable ante el ciudadano”, indicó.
Sobre la expectativa que tiene del próximo gobierno que encabezará Andrés Manuel López Obrador, comentó: “Esperamos respeto y compromiso con los derechos humanos, porque México es uno de los países más importantes de la región, por el tamaño de su población”.
La presidenta de la CIDH también se refirió al caso de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, sobre el cual adelantó que la próxima semana estará en México el grupo de especialistas encargados del caso. “Estamos preocupados y comprometidos para encontrar una solución. Las familias ya han sufrido por mucho tiempo”, expresó.
Margarette May Macaulay acudió a la inauguración de la Relatoría sobre los Derechos de las Personas Afrodescendientes de la (CIDH), acompañada por el jefe de Gobierno de la Ciudad de México, José Ramón Amieva.
El mandatario local recordó que la Ciudad de México es reconocida como “santuario y refugio”, lo cual la obliga a contar con políticas públicas que garanticen la inclusión. Indicó que ello queda de manifiesto en la Constitución local, la cual deberá ser complementada con más de 150 normas secundarias.
“Tienen que cumplir con la visión transversal de inclusión, para eliminar cualquier forma de discriminación e incluso impulsar un punto de acuerdo para solicitar la ratificación de la Convención Internacional contra el Racismo”, enfatizó.
José Ramón Amieva dijo que para cumplir el contenido de la Constitución es necesario estar atentos a la solicitud de refugio y atención integral a las personas migrantes, con el propósito de que puedan gozar de los servicios y tener acceso a la misma integralidad de derechos con la que cuentan quienes habitan la Ciudad.
