Luego de que se confirmara la muerte de dos mujeres privadas de la libertad en el Cefereso 16, ubicado en Coatlán del Río (Morelos), el Instituto Federal de Defensoría Pública (IFDP) reiteró su preocupación por las condiciones de internamiento que provocaron los fallecimientos y pidió generar cambios estructurales en la política penitenciaria que garanticen la vida e integridad de las mujeres.

“Con estos fallecimientos suman ya seis casos en lo que va del año en este centro de reclusión y 19 desde 2022. En los dos casos mencionados, las mujeres habían sido sentenciadas, una de ellas en el fuero común. Personas defensoras públicas federales las habían entrevistado para conocer sus condiciones de internamiento, destacando en el caso de una de ellas la presentación de peticiones administrativas para su atención en temas de salud”, señaló el IFDP.

A través de un comunicado, recordó que la Defensoría Pública Federal ha dado seguimiento a diversos juicios de amparo, entre ellos el 21/2024 ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Morelos, respecto de las omisiones en salud mental como hechos torturantes.

“Dicho amparo mantiene una suspensión vigente para garantizar la atención en materia de salud —en particular mental—, de las mujeres quejosas, misma que en su momento se consideró incumplida por el Juez de Distrito, y estando aún pendiente la resolución de fondo del asunto”, reiteró.

Informó que entre noviembre de 2023 y octubre de 2024, el IFDP ha realizado 22 brigadas carcelarias, con las cuales entrevistaron al menos a 320 mujeres privadas de la libertad, presentaron 273 peticiones administrativas para su atención médica y dotación oportuna de medicamentos, 29 controversias judiciales por negativa de acceso a la defensa, así como denuncias por posibles actos de tortura y malos tratos.

En los últimos dos meses, dice el comunicado, el IFDP ha llevado a cabo diferentes audiencias de traslado involuntario ante la jueza de Ejecución Penal del fuero común del Estado de Morelos, con sede en Jojutla.

“Derivado de ello, se han autorizado traslados para 88 mujeres a centros de reclusión del fuero común de diferentes entidades federativas. Asimismo, se continúa solicitando la revisión de la medida cautelar de prisión preventiva que pesa sobre muchas de ellas”, expresó.

La dependencia y organizaciones civiles como: ASILEGAL, Documenta, Instituto de Justicia Procesal Penal, la Asociación Interamericana para la Protección y Defensa de los Derechos Humanos, así como la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos, solicitaron una audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), para el 12 de noviembre a las 10:00 horas.

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