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Expertos y expertas de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) manifestaron su preocupación porque la medida de trasladar a la Guardia Nacional bajo el control de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) pueda aumentar el riesgo de abusos contra los derechos humanos, incluidas la tortura, la detención arbitraria, las desapariciones forzadas y las ejecuciones extrajudiciales.
“Nos alarma que, de aprobarse la propuesta de reforma constitucional, ésta asignaría de forma permanente funciones de seguridad pública a las Fuerzas Armadas. El potencial impacto de esta modificación en el aumento de las desapariciones forzadas y la impunidad es extremadamente preocupante”, dijeron los expertos y las expertas.
La propuesta de reforma constitucional fue aprobada por la Cámara de Diputados el 19 de septiembre y está previsto que se someta a votación en el Senado esta semana.
Desde hace varios años, los expertos y expertas de la ONU han advertido que México ha incrementado progresivamente el papel de las Fuerzas Armadas en su modelo de seguridad interior, a través de políticas públicas y diferentes iniciativas de reforma legislativa y constitucional.
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“Reconocemos los desafíos en materia de seguridad que tiene México y hacemos un llamado para que las medidas implementadas para enfrentarlos sean conformes con sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos”, señalaron.
“Nos preocupa, además, que funcionarios y funcionarias de las Fuerzas Armadas han sido señalados en el pasado por presuntas violaciones a los derechos humanos. Estas alegaciones deben ser investigadas y los responsables deben comparecer ante la justicia”, agregaron
La propuesta de reforma constitucional sometería a los miembros de la Guardia Nacional a la jurisdicción militar y elevaría a rango constitucional la facultad de la Guardia Nacional para participar en actividades de investigación criminal. También ampliaría las funciones de las Fuerzas Armadas en la vida pública del país, más allá de las estrictamente relacionadas con la disciplina militar.
“De aprobarse, México contravendría numerosas recomendaciones formuladas por órganos de tratados y procedimientos especiales de Naciones Unidas que, desde 1999, han señalado la necesidad de asegurar que las labores de seguridad pública sean realizadas por fuerzas de seguridad civiles, garantizando que la participación de las Fuerzas Armadas en estas labores sea estrictamente extraordinaria, complementaria, subordinada a la autoridad civil y supervisada”, señalaron.
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“Además, México debe garantizar el alcance restrictivo y excepcional de la jurisdicción militar para prevenir la comisión de graves violaciones a los derechos humanos, tales como la tortura, detención arbitraria, ejecuciones extrajudiciales y desaparición forzada”.
La Guardia Nacional debe seguir dependiendo de las instituciones civiles y es necesario fortalecer sus capacidades desde un paradigma de seguridad ciudadana, así como fortalecer los mecanismos de rendición de cuentas para garantizar su eficacia, señalaron los y las expertas.
“También es importante generar las condiciones para un diálogo reflexivo que analice y discuta las acciones a seguir para avanzar en un plan de retiro gradual de las fuerzas armadas de las tareas de seguridad pública”.
Los expertos y expertas están en contacto con las autoridades en este sentido y expresan al Gobierno su disposición a brindar cooperación y asistencia técnica, con miras a garantizar que se respeten los derechos humanos de las víctimas y que cualquier caso de desaparición forzada sea investigado de conformidad con el derecho internacional de los derechos humanos.
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