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La Barra Mexicana, Colegio de Abogados A.C. expresó su preocupación por las manifestaciones del jefe de Gobierno, Martí Batres, en contra del juez federal Roberto Omar Paredes Gorostieta Femat, en las que le atribuye el hecho de haber “colaborado” con la fuga de un delincuente.
La Barra Mexicana señaló que la denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) que presentó el gobierno de la Ciudad de México en contra del juez Paredes Gorostieta Femat “muestra el reiterado asedio en contra del Poder Judicial de la Federación y sus integrantes, quienes gozan de plena independencia para dictar sus resoluciones”.
“Es importante destacar que la responsabilidad de la custodia de los procesados no recae en los miembros del Poder Judicial, sino en las autoridades competentes. Atribuir al juez la responsabilidad de permitir una fuga después de otorgar la libertad es incorrecto y muestra un desconocimiento de las funciones judiciales.
“Estos ataques contra el Poder Judicial Federal representan una clara amenaza a la independencia judicial, debilitando la indispensable separación de poderes y poniendo en riesgo la seguridad de los jueces. Es obligación del Jefe de Gobierno de la Ciudad de México preservar el respeto por la autonomía del Poder Judicial Federal y garantizar un ambiente propicio para el ejercicio imparcial de la justicia en nuestro país”, dijo el Colegio de Abogados en un comunicado.
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Martí Batres muestra denuncia contra juez
Martí Batres mostró este martes la denuncia de hechos que presentó la Consejería Jurídica de la Ciudad de México ante la FGR en contra del juez federal Roberto Omar Paredes Gorostieta por liberar y presuntamente ayudar a que se diera a la fuga Fabián Osvaldo Jr. “El Cachorro”, identificado como uno de los 5 generadores de violencia más peligrosos de la capital.
En conferencia, el mandatario capitalino explicó que el escrito de denuncia va dirigido al titular de la FGR, Alejandro Gertz Manero, a efecto de que Paredes Gorostieta sea sancionado conforme a lo establecido en el artículo 225 Código Penal Federal, con una pena que va de cuatro a 10 años de cárcel y 100 a 150 días de multa, aunque también se pidió a la Fiscalía que instaure una queja ante el Consejo de la Judicatura para que el juez federal sea suspendido de manera inmediata.
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