En los primeros nueve meses de 2022 (enero-septiembre) se han registrado 711 feminicidios, y de estos, 42%, es decir 298, han sido provocados “con otro elemento”, de acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP). Expertos especificaron que se trata de golpes, asfixia y ahorcamiento, entre otros.
Las armas de fuego concentraron 24%, es decir 173 casos; arma blanca, 23.7%, que representa 169 eventos, y hay un rubro “no especificado” con 10%, que suma 71 víctimas.
Especialistas dijeron a EL UNIVERSAL que una de las características del feminicidio es que los agresores utilizan sus propias manos o lo que tienen a su alcance para privar de la vida a mujeres, y este delito sigue creciendo porque no hay políticas públicas de prevención.
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La abogada penalista Italy Ciani comentó que en el rubro “otro elemento” pueden ser objetos: “Tuve un caso en que mataron a la víctima con un mazo de metal, un instrumento de construcción. En otro a la víctima la privaron de la vida con una pesa de siete kilos”, detalló.
Refirió que muchas veces las víctimas son azotadas sobre superficies, por ejemplo, la pared o una piedra.
En este concepto las causas también pueden ser que fueron arrolladas con un auto o se usaron cuerdas, cinturones o agujetas para asfixiar a la víctima, o los propios puños. El rubro “no especificado” generalmente se debe a que el perito no lo pudo determinar.
Ciani enfatizó que falta capacitación: “Tenemos tipos penales prácticamente en todo el país, ya no es un problema de la ley, más bien de los operadores, es meter sensibilidad y la capacitación tiene que ser una apuesta permanente”.
Raquel Ramírez, doctora en Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), señaló que la corrupción e impunidad en México han estado presentes en la acción y omisión del Estado en cuanto a la promoción del derecho de las mujeres y las niñas a una vida libre de violencia.
Expuso que no es de extrañar que muchos agresores utilicen mecanismos de violencia como golpes, asfixia o ahorcamiento, pues pretenden ocultar su responsabilidad en el asesinato de una mujer o niña y pueden lograrlo por la falta de ética de buena parte del personal que efectúa los peritajes.
La feminista dijo que constantemente los peritos realizan su trabajo de manera ineficaz, lo que obstaculiza o imposibilita conocer las causas reales de la muerte violenta, y prevenible de una mujer o de una niña.
“Se ha registrado que varios agresores propinan golpes en lugares poco visibles del cuerpo con el objetivo de que las demás personas no se den cuenta del ejercicio de violencia machista. Con base en esto, y desde la misma lógica, los agresores podrían asumir que un golpe disfrazaría la verdadera causa de un deceso”, mencionó.
Wendy Figueroa Morales, directora general de la Red Nacional de Refugios, destacó que el feminicidio es la expresión máxima de las violencias machistas contra una mujer, violencia sicológica, agresiones físicas, violación, ataques con ácido, incluyendo la maternidad forzada o la mutilación genital.
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“Desde nuestra experiencia y los testimonios de familiares de víctimas, se refiere a objetos que no son armas de origen, como rocas, bolsas plásticas, herramienta doméstica, sustancias abrasivas que son de fácil acceso, así como las propias manos del feminicida”, resaltó.
Detalló que este delito se da en complicidad de un sistema patriarcal donde los feminicidas usan las violencias como un instrumento de poder para someter y subordinar a las mujeres arrebatándoles la vida.
La directora calificó como indispensable que las autoridades no minimicen ninguna denuncia y tipo de agresión, pues al igual que la violencia familiar, es la antesala del feminicidio.
Anayeli Pérez Garrido, asesora jurídica del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) e integrante de Justicia Pro-Persona en la Ciudad de México, consideró que el crimen organizado también es un elemento adicional que se cruza con el asesinato de mujeres.
Explicó que es difícil tener un resultado efectivo cuando se olvidó por completo atender este problema y el mayor reto es implementar políticas públicas de prevención.
