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justiciaysociedad@eluniversal.com.mx
Los documentos acompañados a la hipoteca del predio que Diego Fernández de Cevallos ofreció como garantía para liberar al ex gobernador de Sonora, Guillermo Padrés, señalan que el inmueble podría tener un valor catastral de poco más de 500 mil pesos.
Según el acuerdo emitido el pasado 21 de diciembre por el Juzgado Décimo Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales en la Ciudad de México, al que EL UNIVERSAL tuvo acceso, aunque el valor comercial del inmueble se estimó en 402 millones 825 mil pesos, el cálculo del impuesto predial señala que el valor catastral del mismo no cubre ni un millón de pesos.
El documento fue firmado por la secretaria de Acuerdos del juzgado en funciones de juez, quien detalló que para tomar como garantía la hipoteca de un bien inmueble se debe considerar el costo fiscal del mismo, el cual es equiparable al catastral.
Añadió que entre los documentos exhibidos por la defensa está la copia del recibo de pago predial correspondiente a 2018 en el que establece una base gravable para calcular ese impuesto sobre el inmueble, descrito como “urbano baldío”, de 534 mil 180 pesos.
“Queda claro que no existe documentación que permita establecer a quién resuelve que el valor fiscal del inmueble hipotecado efectivamente cubre los 100 millones de pesos que fueron requeridos al procesado como garantía económica por el titular de éste juzgado”, indica el acuerdo.
“El avalúo presentado para tal fin no reúne los requisitos necesarios por las leyes aplicables y, por tanto, el valor en él establecido no debe ser tomado en cuenta para constituir la garantía hipotecaria que se pretende y de esta forma cumplir con la exigencia prevista en el numeral 405 del Código Federal de Procedimientos Penales, pues ante las deficiencias destacadas es evidente que el valor fijado en el mismo no es el fiscal que requiere tal numeral, sino el comercial, cuyo fin es diverso al que rige el presente procedimiento”.
La garantía de 100 millones de pesos le fue requerida al ex gobernador para que pueda continuar su proceso en libertad en el juicio por defraudación fiscal de 70 millones 415 mil 367 pesos, además de que se le impusieron otras medidas como el uso de un brazalete electrónico, la prohibición de salir del país y la obligación de presentarse periódicamente en el juzgado para firmar.
Ante la negativa del juez a aceptar la garantía ofrecida por el Jefe Diego, la defensa de Padrés Elías presentó un escrito ante el Juzgado Décimo Segundo de Distrito en el que insistió en que se debe decretar la libertad inmediata al ex mandatario, pues consideró que los argumentos para negarse a aceptar la hipoteca del predio de Fernández de Cevallos como garantía son “intolerables e injustificables”.
“El criterio del Juzgado Décimo Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales, en el sentido de que el valor fiscal debe entenderse como el valor catastral es, cuando menos, absolutamente equivocado y genera irreparables daños en los derechos del procesado”, indica el documento firmado por el abogado Gilberto Carrillo Pacheco.