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La fracción parlamentaria del PRD en la Comisión Permanente del Congreso de la Unión presentó un punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría de Gobernación, a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, a las comisiones estatales de Derechos Humanos y a los gobiernos estatales, a elaborar un diagnóstico sobre el desplazamiento forzado interno en el país y se desarrolle un plan nacional para frenar este fenómeno que ha causado la violencia que se vive en el país.
Senadores y diputados federales expusieron que la violencia extrema que se vive prácticamente en todos los estados del país ha provocado un éxodo de miles de mexicanos que están huyendo de sus comunidades en lo que se conoce como desplazamiento interno, que si bien ha sido reconocido por el Estado, se carece de una radiografía, un diagnóstico real de este problema, ya no un Registro Nacional de desplazados y por ende tampoco de políticas de Estado para frenar este fenómeno y apoyar a este sector de la población.
El diputado federal, Miguel Ángel Torres Rosales, dijo que de acuerdo a la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH) “el desplazamiento interno forzado es una violación de derechos humanos que se presenta cuando personas o grupos de personas se ven obligadas a huir de su hogar o lugar de residencia habitual como consecuencia o para evitar los efectos de una situación de violencia generalizada, de un conflicto armado, de violaciones a los derechos humanos, de desastres naturales o de catástrofes provocadas por el ser humano, sin cruzar una frontera internacional.”
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En la Gaceta Parlamentaria de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión se publicó el punto de acuerdo donde se señala que según a los boletines de monitoreo que elabora la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), de enero a marzo de 2022 se han tenido 7 desplazamientos forzados en Oaxaca, Michoacán, Chihuahua, Zacatecas, Guerrero y Chiapas.
Tan solo de julio a diciembre de 2021, 19,716 personas fueron desplazadas en esos mismos 6 estados, afectando a 42 municipios, siendo la principal causa el crimen organizado, en 5 de los 6 estados mencionados.
Por su parte, el Censo de Población y Vivienda 2020, elaborado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en el que se incluyó una pregunta sobre el motivo de la migración de las personas que cambiaron de municipio o estado en el país en los últimos cinco años y, el cual registró que 24,175 personas cambiaron de municipio o estado debido a los desastres naturales y 251,513 personas lo hicieron a causa de la “inseguridad delictiva o violencia” fue el motivo de su éxodo a otro estado o municipio del país.
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Sin embargo, diversas organizaciones, exponen que la inseguridad y la violencia a raíz de la fallida guerra contra el narcotráfico en el sexenio de Felipe Calderón, pero que se ha mantenido con la política bipolar de “abrazos y no balazos” por un lado y la militarización de la Guardia Nacional por el otro, en el sexenio del presidentes Andrés Manuel López Obrador, han provocado un éxodo de casi 350 mil mexicanos obligados al desplazamiento forzado en el país, aseveró el diputado federal por Zacatecas.
La CMDPDH agrega que este desplazamiento forzado a causa de la violencia tiene como focos principales a los estados como Guerrero, Michoacán y Jalisco, entidades donde operan el Cártel Jalisco Nueva Generación, el Cártel del Pacífico, y la Familia Michoacana. Sin embargo, otras entidades como Zacatecas, Sinaloa, Tamaulipas , Chiapas, Oaxaca, Chihuahua, Durango y Coahuila, entre otras también son afectadas por este fenómeno de forma importante.
Miguel Ángel Torres, argumentó que lo grave es que instancias como la Secretaría de Gobernación y la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) carecen de una radiografía, de un diagnóstico sobre el desplazamiento forzado interno y mucho menos de un plan nacional para atender a estos cientos de miles de mexicanos, que en muchos casos están cruzando la frontera norte para huir de la violencia imparable e impune en el país.
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