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El PRD en la Cámara de Diputados pidió a la Suprema Corte de Justicia de la Nación ( SCJN ) que atraiga los litigios y emita una sentencia que norme el criterio a seguir por el Poder Judicial para decidir sobre la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica , aprobada por el Congreso de la Unión. Se esperan más de 300 nuevos amparos en los próximos días, esperó.
Ante la oleada de amparos que, se espera, lleguen a los tribunales contra la recién publicada Ley de Industria Eléctrica, los diputados perredistas pidieron criterios para frenar lo que podría ser una persecución del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador , contra los jueces entreguen dichos recursos a las empresas presuntamente perjudicadas por la contrarreforma.
“¿Para qué dañar al país con meses de un largo período de incertidumbre, conflicto y polarización cuando pudiéramos evitar estas diferencias? Tanto diputados como senadores y gobernadores han coincidido en la necesidad de incorporar a la Suprema Corte en este debate sobre la constitucionalidad de la Ley de Industria Eléctrica por lo que esta es la oportunidad”, cuestionó Antonio Ortega Martínez, secretario de la Comisión de Hacienda , y diputado del PRD.
El legislador perredista señaló que el gobierno federal intenta dar la vuelta a una definición emitida en febrero pasado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y presentó ante la Cámara de Diputados una iniciativa preferente para modificar la Constitución.
El riesgo que se conocía sería de un cúmulo de irregularidades jurídicas, y que habría un alud de recursos de inconstitucionalidad y amparos de todo tipo contra el contenido de su iniciativa.
“De hecho en los próximos días se esperan 300 amparos más. Lo que procedería es que la Presidencia recurra a un Tribunal colegiado para intentar echar abajo la sentencia provisional y el fondo del amparo recién otorgados por el juez Gómez Fierro, quien se encuentra a la espera de un estudio a fondo sobre los reclamos de los afectados contra los actos que se desprendan de la publicación -en el Diario Oficial- de la Ley de la Industria Eléctrica; además de que también escuchará a la representación del gobierno”, dijo.
El viernes, el presidente Andrés Manuel López Obrador pidió al Consejo de la Judicatura Federal que hiciera una revisión del proceder de los jueces que otorgaron dicha suspensión, “porque sería el colmo que el Poder Judicial del país estuviera al servicio de particulares”, en referencia al juez Juan Pablo Gómez Fierro, quien concedió amparos a compañías ante reforma al sector.
En representación de su bancada, Ortega Martínez hizo un llamado a los ministros de la Corte para que ordenen al Poder Legislativo ajustar las reformas a la Ley de la Industria Eléctrica, para que acaten la Constitución con base en las resoluciones del Juez Juan Pablo Gómez Fierro, así como de la sentencia emitida el 3 de febrero pasado por la Segunda Sala de la propia SCJN que declaró la invalidez de 22 disposiciones de dichas reformas.
“Desde hace casi 200 años, el Poder Judicial no había sido tan asediado, presionado, ni tan vilipendiado y ofendido como ocurre hoy ante AMLO, por lo que una decisión estimulada por presiones y amenazas por el poder y la necesidad del Ejecutivo podría dañar de manera irremediable la estabilidad del país”.
