CDMX.- El Partido de la Revolución Democrática ( PRD ) presentó una impugnación en contra de la resolución de la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ( TEPJF ) en el tema de la promoción personalizada del presidente Andrés Manuel López Obrador , por parte de los servidores de la nación .

De acuerdo con Ángel Ávila Romero, dirigente nacional del PRD , la impugnación fue presentada el viernes ante la Sala Superior del Tribunal Electoral, y ésta insiste en que se aplique una sanción a la secretaria de Bienestar , María Luisa Albores; el coordinador nacional de Programas para el Desarrollo , Gabriel García; y al propio presidente.

Ávila Romero reconoció que en la sentencia se le dio responsabilidad a 14 delegados estatales, de entidades donde se concentra casi 70% del padrón electoral; a 22 subdelegados regionales y solo a siete servidores de nación, pero no “a los autores intelectuales de la estafa”.

El representante del PRD ante el Instituto Nacional Electoral (INE), Camerino Márquez Madrid, aseguró que incluso presentaron un cotejo entre el padrón de afiliados de Morena y el registro de los 19 mil servidores de la nación, en el que constatan que todos ellos son militantes.

“Llevamos pruebas que sustentan que los servidores son militantes del partido Morena. Lo que está claro es que esta estructura es la avanzada para tener un padrón paralelo que beneficie, en el caso de cualquier proceso electoral, al partido del presidente.

Continuaremos atentos a lo que determine Sala Superior, tenemos confianza en que puedan llegar al fondo, a las pruebas previo al proceso de 2021”, dijo.

Rafael Hernández, asesor de la dirigencia perredista y autor de la investigación, destacó que los 14 delegados estatales que sí tuvieron responsabilidad fueron los de Aguascalientes, Campeche, Chiapas, Coahuila, Ciudad de México, Guanajuato, Guerrero, Estado de México, Michoacán, Oaxaca, Puebla, San Luis Potosí, Veracruz y Yucatán.

Entre esos se encuentra Delfina Gómez Álvarez, delegada en el Estado de México; Rodrigo Abdalá, súper delegado en Puebla. Y entre los que no se encontraron culpables estuvo el ahora gobernador de Baja California, Jaime Bonilla; el súper delegado en Baja California Sur, Víctor Manuel Castro; el de Hidalgo, Abraham Mendoza; y de Querétaro, Gilberto Herrera.

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