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El grupo parlamentario del PRD en la Cámara de Diputados se pronunció porque la Fiscalía General de la República (FGR) investigue la presunta ejecución extrajudicial de ocho personas ocurrida el pasado 5 de septiembre, en Nuevo Laredo, Tamaulipas, a fin de garantizar justicia y reparación del daño a víctimas directas e indirectas , pues al parecer autoridades estatales están involucradas.
A través de la coordinadora del sol azteca en San Lázaro, Verónica Juárez Piña , consideró necesaria la intervención de la Cámara de Diputados en este “grave” asunto y formalizó una petición para tal efecto a través de una proposición de punto de acuerdo en el cual, de ser aceptado, este órgano legislativo apoyaría el pronunciamiento de que la FGR intervenga.
En su argumentación, la lideresa del Sol Azteca en San Lázaro señaló que, contrario a la versión oficial de la Secretaría de Seguridad de Tamaulipas, en el sentido de que los ocho fallecidos eran criminales del Cártel de Noroeste disfrazados de militares que fueron abatidos por policías estatales, otras versiones apuntan a que en realidad fue un asesinato extrajudicial.
Citó testimonios de sobrevivientes de los hechos, así como de testigos y familiares de los fallecidos recabados por el Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo , según las cuales las víctimas fueron sacadas de sus casas, obligadas a vestir ropa militar y conducidas por los agentes a otro domicilio, donde fueron ejecutadas.
Juárez Piña también refirió que el Comité de Derechos Humanos denunció tales actos ante la Secretaría de Seguridad del estado y presentó una queja ante la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Gobierno de Tamaulipas , a las cuales solicitó medidas cautelares para preservar la integridad física de los testigos y sobrevivientes de los hechos.
Narró que la Procuraduría General de Justicia (PGJ) de Tamaulipas inició una investigación por la posible ejecución extrajudicial de las ocho personas, pero también que el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas Rodríguez, calificó el caso de "gravísimo" y contrario a la política de defensa de Derechos Humanos planteado por el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador.
El funcionario federal anunció que el gobierno federal colaboraría con el gobierno del estado, pero también agregó que, de ser necesario, plantearía la posible atracción del caso por parte de la FGR.
“Por lo anteriormente expuesto, y con fundamento en las disposiciones invocadas en el proemio de la presente proposición, plenamente comprometida con los Derechos Humanos, someto a consideración del Pleno de esta soberanía la siguiente proposición con Punto de Acuerdo
“La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta a la Fiscalía General de la República a atraer las investigaciones del caso de una presunta ejecución extrajudicial de ocho personas acaecida el pasado 5 de septiembre, en el municipio de Nuevo Laredo, Tamaulipas, con el fin de garantizar a las víctimas directas e indirectas el derecho de acceso a la justicia, pronta y expedita así como a la reparación del daño”, describe la proposición.
Juárez Piña reiteró la necesidad de procurar protección a testigos y familiares de las víctimas , ya que éstos denuncian haber sido amenazados por afirmar que las imágenes de los cinco hombres y las tres mujeres fallecidos, vestidos con uniforme estilo militar pero con chalecos del cártel, y difundidas por el gobierno estatal, fueron "un auténtico montaje".
