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La secretaria general del PRD, Adriana Díaz Contreras, lamentó que el presidente Andrés Manuel López Obrador haya ordenado ocultar la posible corrupción en la venta del avión presidencial al clasificar la operación como de seguridad nacional.
Recordó la serie de transas y corruptelas en la rifa del avión presidencial, que fue calificada como “la estafa aérea”, con premios a escuelas que nunca se pagaron para mejorar sus instalaciones y con la amenaza a trabajadores del gobierno para comprar los boletos.
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“Ocultar datos de venta de avión, por seguridad de Tayikistán en la realidad es ocultar la corrupción y en mal negocio que se hizo”, apuntó.
“Sigue la opacidad y la falta de transparencia por parte del gobierno federal, la transparencia es uno de los pilares fundamentales de la democracia”, indicó.
El contrato de compraventa del avión presidencial y la documentación de las negociaciones entre los gobiernos de México y Tayikistán para la transacción fueron declaradas como información confidencial y bajo reserva por el gobierno federal y se podrán conocer hasta 2028, publicó esta semana el diario EL UNIVERSAL.
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Reprueba PRD desaparición de Normas Oficiales
Después de que el gobierno federal publicó en el Diario Oficial de la Federación los cambios en las normas oficiales para la atención de pacientes con cáncer, diabetes, entre otras enfermedades, las cuales aplican en las guías para los diagnósticos y tratamientos de esas enfermedades, el líder nacional del PRD, Jesús Zambrano Grijalva, sostuvo que esta decisión afecta el desarrollo de los procesos de la atención y práctica clínico médica.
“Esto es inadmisible, con esta cancelación están negando a miles de mujeres y pacientes con estas y otras enfermedades degenerativas el derecho a recibir un tratamiento adecuado para combatir estas enfermedades, como el cáncer de mama y la diabetes, y así tener una mejor calidad de vida.
"Así pues, afectará en la aprobación de recursos económicos para garantizar los tratamientos médicos específicos de calidad. Con esta decisión se están violentando los derechos universales y constitucionales a la salud y protección de esta mismas, ya que todas y todos tienen derecho a acceder a todos los servicios de salud de calidad”, enfatizó.
Zambrano Grijalva subrayó que la cancelación de esas normas tendrá consecuencias en la evaluación de la calidad médica en los tres niveles de atención; también dañará la investigación y evaluación de tratamientos farmacológicos para estos padecimientos, entre muchos otros efectos negativos .
El político sonorense aclaró qué los médicos también se quedan vulnerables ante las demandas de todos los derechohabientes que protestan por la falta de tratamientos, insumos y medicamentos en las clínicas y hospitales del sector público.
* Con información de María Cabadas
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