La Fiscalía General de la República (FGR) informó que volverá a solicitar la orden de aprehensión contra los 31 científicos investigados por un supuesto daño patrimonial al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt).
Mediante un comunicado, indicó que no coincide con la valoración que realizó el juez Gregorio Salazar, adscrito al Centro de Justicia Penal Federal de Almoloya de Juárez, Estado de México, quien consideró que no existió delito alguno por parte de los 31 exintegrantes del Conacyt y del Foro Consultivo de Ciencia y Tecnología en la transferencia de recursos del primer organismo a la asociación civil.
“Ese criterio no es aceptable para la Fiscalía General de la República, ya que un estatuto interno emitido ad hoc por los propios funcionarios del Conacyt no puede ir en contra de lo señalado por la Ley de Ciencia y Tecnología y por la Ley Orgánica del propio Conacyt, que son obligatorias para ellos y que consideran al foro como un órgano interno de esa institución, y no permiten, en modo alguno, que dicha dependencia pueda convertirse en una empresa privada que obtenga sus fondos, sus beneficios, recursos y salarios del presupuesto público destinado a la investigación científica, utilizando dicho estatuto en contra de las leyes ya señaladas, que son de jerarquía superior y obligatoria”, indicó.
“Por lo anterior, se volverá a solicitar la orden de aprehensión, explicando con toda claridad lo que se considera un hecho delictivo patrimonial imputable a dichas personas, así como las pruebas que lo acreditan”. La fiscalía indicó que los recursos que recibió el fondo no fueron utilizados para investigación científica, sino para comprar muebles, vehículos, inmuebles, salarios y servicios directos. Añadió que agotará los recursos legales que procedan para lograr judicializar la carpeta de investigación que inició.
EL UNIVERSAL informó que la FGR solicitó, sin éxito, órdenes de captura contra 31 científicos por peculado, lavado de dinero, uso ilícito de atribuciones y facultades y delincuencia organizada. La acusación derivó de la denuncia presentada en octubre pasado por la directora de Conacyt, Elena Álvarez-Buylla.
