A pesar de que por cada 100 hombres en prisión en México hay 5.9 mujeres en reclusión, ellas enfrentan sentencias más desproporcionadas incluso por los mismos delitos, alertan la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), activistas y especialistas en temas de género,
Además, la mayoría de las mujeres privadas de su libertad enfrentan su condena en penales o centros de reclusión que han sido reprobados por la CNDH.
La comisión, en su Informe Diagnóstico sobre las Condiciones de Vida de las Mujeres Privadas de Libertad desde un Enfoque Interseccional, señala que mientras por homicidio culposo un hombre recibe una sentencia de 50 años de cárcel, por ese mismo delito una mujer es condenada a 87 años tras las rejas.
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En tanto, por delincuencia organizada un varón es condenado a 160 años y una mujer a 167; por filicidio (asesinato de un hijo) un hombre es sentenciado a 50 años de cárcel y el sector femenino llega a recibir hasta 95 años.
“Hay evidencia de casos en los que actualmente las sanciones impuestas a mujeres constituye una extensión de la violencia estructural, discriminación por género y criminalización que viven en la sociedad”, indica el informe de la CNDH, que precisa que por cada 100 hombres que se encuentran en prisión, existen 5.9 mujeres en la misma condición.
Guadalupe Ramos, una de las fundadoras del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF), dice que se ha normalizado en el país que a una mujer se le sentencie con una pena mayor que a un hombre.
“Esta situación se ha naturalizado y no hay cambios ni dentro del sistema de justicia, ni del penitenciario para mirar de manera diferenciada a las mujeres y a los hombres recluidos. Y además es evidente que los reclusorios fueron pensados por hombres para hombres”, añade.
Comenta que si una mujer delinque o asesina, “a ella se le castiga demás por el hecho de ser mujer. Esa penalidad más alta que recibe es el castigo que ‘se merece’ por no ajustarse a la conducta tradicional de ser mujer, de ser mamá. En ocasiones, vemos en las sentencias de las mujeres una mirada misógina, machista y patriarcal, y esa es una mirada que no se ajusta de ninguna manera a los protocolos que ya existen, para juzgar con perspectiva de género”.
Ramos considera necesario sancionar a los jueces que emitan una sentencia sin perspectiva de género y de derechos humanos, pues “mientras no se les sancione, seguirán cometiendo este tipo de conductas”.
Sostiene que “no queremos empatía para quien infringe la ley, de ninguna manera, pero pensar en que las circunstancias en que una mujer delinque son distintas a la de los hombres”.
Para Patricia Olamendi, integrante de la red Nosotras Tenemos Otros Datos, todavía existe un andamiaje cultural en el que las mujeres son clasificadas de determinada manera, por lo que cuando no se ajustan al estándar de sumisión o abnegación, por ejemplo, la sociedad las castiga con mayor fuerza porque ese no era el comportamiento que se esperaba de ellas.
“Los jueces y las juezas siguen teniendo ese mismo estándar de prejuicios sociales y culturales. Uno esperaría que esto ya cambiara, pero estos estándares lejos de disminuir, han aumentado”, indica la activista.
Asegura que las penas que son más severas en mujeres que en hombres tienen que ver con los delitos de homicidio y el robo con violencia, y en varias ocasiones aunque se trate del mismo ilícito, la sentencia que se le impone a una mujer es 30% mayor a la que recibe un varón.
“Sí hay un aumento, porque se sigue manejando una creencia del deber ser femenino o masculino”, asegura.
En su reporte, la CNDH refiere que la población femenil recluida en las distintas cárceles del país registró en 2021 un incremento de 5.4%, al pasar de 11 mil 832 en 2020 a 12 mil 480.
Destaca que los principales ilícitos por los que las mujeres se encuentran privadas de su libertad son: homicidio en todas sus formas, secuestro, delitos contra la salud, fraude, extorsión y trata de personas.
“Haciendo un silogismo de la realidad que viven las mujeres en las prisiones del país, se tiene que los centros penitenciarios son como la punta del iceberg que se asoma, y que debajo se encuentran con una estructura sólida de violencia estructural acompañada de estigmas, penas más severas, procesos más largos, castigos, sobrecarga de trabajos mal remunerados, abandono de sus familias y parejas”, dice el informe.
Sandra Quiñones, coordinadora del Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres (Cladem), expresa que en el sistema de justicia “son muchísimo más estrictos que cuando se juzga a un hombre por delitos similares, como robo u homicidio”.
En este sentido, señala que en el sistema judicial a la mujer se le sigue imponiendo una serie de estereotipos y prejuicios.
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