Por la imputación indebida de hechos delictivos y por la detención ilegal y actos de tortura cometidos por nueve elementos policiacos, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos () emitió una recomendación a la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México ().

En un comunicado, el organismo que dirige Rosario Piedra Ibarra, expuso que el 28 de diciembre de 2021, la persona promovente se encontraba en compañía de sus familiares esperando una consulta dental, cuando se percató de que dos personas desconocidas a bordo de un vehículo estaban siendo agredidas, aparentemente sin justificación, por elementos de la SSC-CDMX, por lo que se acercó a cuestionar el motivo del incidente, mientras uno de sus familiares grababa los hechos con su teléfono móvil.

Los elementos policiales se percataron, los golpearon, les arrebataron el teléfono, los derribaron al piso para después subirlos a una patrulla en la que continuaron golpeándolos y amenazándolos con ser vinculados por delitos contra la salud.

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De igual manera, la CNDH recabó la queja presentada por las personas que habían sido agredidas por los elementos policiales, quienes señalaron que fueron detenidos de manera arbitraria por esos servidores públicos, quienes los golpearon e imputaron indebidamente de la comisión de delitos a uno de ellos, mientras que el otro pudo huir durante el altercado.

La queja detalla que las cuatro víctimas fueron despojadas de sus pertenencias y fueron trasladadas a otras calles de la misma alcaldía en dos vehículos oficiales, donde estacionaron la patrulla y los elementos policiales colocaron encima de ella una lona con el logo impreso de la SSC-CDMX, para tomarles fotografías a la promovente, sus sobrinos y la otra persona detenida para presentarlas como infractores en flagrancia, pertenecientes a una organización criminal.

Se agrega que por el llamado de auxilio realizado, arribaron al lugar de los hechos elementos de la Unidad de Asuntos Internos de la SSC-CDMX, quienes pusieron en libertad a los integrantes del núcleo familiar, mientras que la otra víctima fue puesta a disposición de la autoridad ministerial y una vez presentada ante el juez, éste resolvió su inmediata libertad al valorar la videograbación realizada por esa familia y aportada por su defensa. Posteriormente, presentaron una denuncia de hechos ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX).

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De acuerdo con la Comisión Nacional, con la investigación realizada, se acreditaron violaciones graves a los derechos humanos de las cuatro personas detenidas, luego de que se comprobó que los informes rendidos por la autoridad señalada no sólo se contraponen entre sí, respecto a la narrativa de las circunstancias que señalaron como hechos ocurridos al momento de la detención, sino que ambos pierden veracidad ante los testimonios de las cuatro víctimas, de los testigos presenciales, y del material fílmico aportado a la CNDH, con el que se acreditan fehacientemente, los hechos sucedidos.





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