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Diputados del PRI, legisladores del Frente Amplio por México, Partido Acción Nacional y Partido de la Revolución Democrática, presentaron ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) una acción de inconstitucionalidad por la desaparición de 13 de los 14 fideicomisos del Poder Judicial de la Federación (PJF) que acumulan 15 mil 800 millones de pesos.
El documento señala que de no concederse la medida se afectarían los derechos fundamentales y los principios democráticos, ocasionando con ello daños irreversibles para las personas que laboran en el PJF.
Indicaron que esta acción responde a que en el proceso legislativo que se siguió para aprobar el decreto impugnado se cometieron violaciones, dado que se aprobó en el Pleno del Senado un acuerdo por el que se modificó la integración de la Comisión de Estudios Legislativos Segunda, sin que existiera el quórum requerido afectando el derecho a la representación y participación.
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El coordinador de los diputados federales del PRI, Rubén Moreira, manifestó que este recurso es necesario para fortalecer la democracia y detener el debilitamiento a la impartición de justicia.
En tanto el vicecoordinador, Marco Antonio Mendoza detalló que detrás del intento por desaparecer los fondos, está una maniobra por debilitar al PJF.
El coordinador parlamentario, calificó como importante mantener los recursos necesarios para la capacitación y seguridad de jueces y magistrados, para la infraestructura de nuevas salas.
Así como para dar a los trabajadores lo que les corresponde por los ahorros que ellos generaron y que se les desaparece.
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En su oportunidad, el vicecoordinador reiteró el apoyo a la gestión de la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Piña Hernández, quien, dijo, es una mujer que ha sabido conducir al Poder Judicial, pilar de nuestra democracia.
Enfatizaron que hay fideicomisos que están integrados por aportaciones voluntarias que, al devolverse a la Tesorería de la Federación, actualizan una confiscación.
Indicaron que son bienes de los particulares, al no hacer el debido ajuste en la ley para regresarle a los trabajadores sus aportaciones, existe una apropiación de sus recursos, sin recibir nada a cambio, convirtiéndose en un castigo a un sector de servidores públicos.
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