Por tener la intención de cobrar 2 mil 400 pesos al ser beneficiaria de un programa del gobierno federal, Carmen, indígena mixteca, fue incriminada por el probable delito de portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea Nacional, que contempla una pena de tres hasta ocho años de cárcel.
La mujer, en ese entonces de 39 años, acompañada de su esposo Leoncio y los hermanos Efraín y Nicómedes, indígenas mixtecas monolingües, de Santiago Amoltepec, Oaxaca, pidió un “aventón” a Mario, un político del municipio, para llegar a la capital.
El matrimonio salió de su rancho el 15 de enero de 2020, rumbo a la cabecera municipal de Santiago, donde buscaron a Mario para viajar en su vehículo con destino a la capital del estado, pues era la única forma de cobrar el recurso.
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También solicitaron ride los hermanos Efraín y Nicómedes, quienes tenían que trabajar en la Central de Abasto de la ciudad de Oaxaca; Mario aceptó debido a que se dirigía a ese lugar.
A la altura del kilómetro 220, tramo carretero Huitzo-Oaxaca, elementos de la Guardia Nacional (GN) le marcan el alto al vehículo Ford Escape, de color gris, modelo 2004, pero se detiene metros adelante, Mario se levantó de su asiento de conductor y estiró la mano hacia los lugares traseros del auto, puso dentro de la blusa de la mujer un revólver calibre .357 de uso exclusivo del Ejército, diciéndole: “Tú eres mujer, no te van a revisar”, bajó del vehículo y se echó a correr.
Alrededor de las 21:00 horas, uniformados de la Guardia Nacional localizaron el arma a Carmen y los tres hombres fueron señalados por el probable delito de portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea.
Norma González Jiménez, defensora pública federal en lenguas indígenas, adscrita al Centro de Justicia Penal Federal en la entidad, refiere que según su clienta, el arma estaba en su blusa y el reporte de la Guardia Nacional indicó que se localizó en la cintura.
“Es un perfil que estaba trabajando la Guardia Nacional para incriminarla… en un principio, el arma la lleva el conductor del vehículo en su cintura, que es un político e incluso él tenía medidas de protección por parte del organismo electoral de Oaxaca, llevaba un arma de fuego, pero sin permiso, antes de huir se quitó el arma y la colocó dentro de la blusa de Carmen.
“La cuestioné: ‘¿Por qué no te quitaste el arma?, ¿por qué no te defendiste?, ¿por qué no le dijiste a los de la GN que no era tuya?, y dice que en un primer momento el político le dio un ride y se sentía agradecida, en segundo lugar, operó una indefensión aprendida”, detalla.
La representante legal expresa a EL UNIVERSAL que Carmen está acostumbrada a que los hombres le digan qué hacer, de tal manera que no se defendió y en un principio no quiso contar de primera mano su versión de los hechos.
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Explica que su defendida no mostró indignación de que el arma fuera colocada dentro de su blusa.
“Quiere decir que es una mujer que está habituada a los agravios en su comunidad, no se le hizo nada nuevo el hecho de que Mario le pusiera el arma… le expliqué que no era bueno y que Mario no tenía esa actitud de buena gente que ella consideraba por darle ride.
“Entonces le dije: ‘Si no te defiendes las consecuencias sobre tu persona van a ser muchas, el arma no es tuya…’. Carmen es una persona que aprendió que la violencia sobre su cuerpo es algo normal”, considera la abogada.
Comenta que los uniformados detuvieron a los cuatro y preguntaron a qué banda pertenecían, a quién querían asaltar.
“Cuando un elemento le encuentra el arma, comentaron que ella era la líder de los rateros y que iban a asaltar… entonces, los documentos relacionados al programa al que ella era beneficiaria y que consistían en una orden de pago, fueron destruidos. Al momento que me narra los hechos se solicitó una inspección al vehículo porque fue trasladado a una delegación de la Fiscalía General de la República (FGR) en la entidad.
“Una de las abogadas revisó la unidad y encontró que los documentos fueron destruidos en el vehículo… el marido de Carmen trató de explicarles a los elementos de la Guardia Nacional que no pertenecían a una banda, que querían cobrar un apoyo económico, pero rompen los documentos para criminalizarlos y justificar que se trataba de una banda de asaltantes”, externa la defensora pública.
Posteriormente se los llevaron a las oficinas de la Guardia Nacional, donde elaboraron el informe, certificaron a los detenidos y después fueron trasladados al FGR en San Bartolo Coyotepec, los dejaron a disposición del Ministerio Público que calificó de legal la detención y fueron acusados por la probable portación de arma de fuego.
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En la audiencia, la defensa de los mixtecos estableció que no existía un hecho que la ley señale como delito, en virtud de que en el caso había ausencia de dolo por la falta de conocimiento de Carmen de que el conductor del vehículo trajera consigo una arma.
También solicitaron al juez de Control que los hechos se abordaran desde la óptica de la perspectiva de género, al encontrarse en una situación de discriminación múltiple o interseccional: mujer, indígena mixteca, pobre, monolingüe, sin instrucción escolar, ama de casa y campesina.
El juez de Control pronunció un auto de no vinculación a proceso a favor de Carmen, y la dejó en libertad, en tanto que a Efraín, Nicómedes y Leoncio, los vinculó a proceso, pero como quedó establecido que se trasladaron a la ciudad a trabajar, no se les aplicó la prisión preventiva oficiosa.
El juzgador modificó la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa e impuso la presentación periódica los días primero de cada mes ante la autoridad municipal de Santiago Textitlán, Sola de Vega, en Oaxaca.
