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El exprocurador general de la República, Jesús Murillo Karam, uno de los colaboradores más cercanos del expresidente Enrique Peña Nieto al inicio del sexenio pasado, fue detenido ayer por agentes de Fiscalía General de la República (FGR), quienes dieron cumplimiento a una orden de aprehensión en su contra por el caso de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
Murillo Karam está acusado de los delitos de desaparición forzada, tortura y contra la administración de justicia, en el caso de la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, que ocurrió hace ya casi ocho años.
Su detención fue solicitada por en juez de Control del Centro de Justicia Penal Federal en la Ciudad de México, con sede en el Reclusorio Norte. Hasta el cierre de esta edición aún no se llevaba a a cabo la audiencia inicial.
La detención de Murillo Karam se realizó con el apoyo táctico de la Secretaría de Marina (Semar), a las 15:30 horas y se destacó que la diligencia se llevó a cabo en el exterior de su domicilio, en Lomas de Chapultepec, sin que el exfuncionario público opusiera resistencia.
La aprehensión del también exgobernador de Hidalgo ocurrió un día después de que la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del caso Ayotzinapa señaló que la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa fue un crimen de Estado, en el que estuvieron involucradas autoridades de todos los niveles y que no hay indicios de que se encuentren con vida.
La FGR también informó que el detenido fue trasladado a sus instalaciones para las certificaciones correspondientes, sin dar a conocer cuáles, para ponerlo a disposición de la autoridad judicial, en cumplimiento de la orden de captura señalada.
Por su parte, el vocero de la Presidencia, Jesús Ramírez Cuevas, señaló que el exprocurador Jesús Murillo Karam sería remitido al Reclusorio Norte.
El jueves, Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos, calificó la desaparición y asesinato de los 43 estudiantes como “un crimen de Estado” y acusó que la llamada verdad histórica fue una acción concertada desde “el más alto nivel del gobierno”, que ocultó la verdad de los hechos y que alteró las escenas del crimen.
Indicó que desde finales de marzo, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) que tomó el caso tenía cada vez más clara la participación de las fuerzas federales, policías locales y funcionarios públicos.
Van contra mandos
A petición de la Fiscalía General de la República (FGR), el juez Segundo de Procesos Penales Federales en el Estado de México, con sede en Toluca, libró anoche 83 órdenes de aprehensión contra 20 mandos militares y personal de tropa del 27 y 41 batallones en la ciudad de Iguala.
También, pidió la captura de cinco autoridades administrativas y judiciales del estado de Guerrero; de 26 policías de Huitzuco; seis de Iguala y uno de Cocula; más 11 policía estatales de Guerrero y 14 miembros del grupo criminal denominado Guerreros Unidos.
Todos ellos vinculados con lo ocurrido en la ciudad de Iguala, Guerrero, el 26 y 27 de septiembre de 2014, y fechas posteriores.
Los delitos por los que se libraron las órdenes de aprehensión son por delincuencia organizada, desaparición forzada, tortura, homicidio y delitos contra la administración de justicia.
Las imputaciones, en cada caso, se darán a conocer en el proceso penal correspondiente, y el cumplimiento de las órdenes de aprehensión serán también informadas en el momento procesal que la ley autorice.
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