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El Instituto Nacional de Migración (INM) entregó a la empresa Grupo de Seguridad Privada Camsa S.A de C.V., el servicio de seguridad en la estación migratoria de Ciudad Juárez, Chihuahua -en la que el pasado lunes 27 de marzo murieron 39 migrantes tras un incendio- desde el año pasado y por medio de una adjudicación directa, es decir, no hubo competencia con otras empresas.
En el contrato AA-004K00001-E17-2022, cuya copia posee EL UNIVERSAL, se detalla que esta empresa ofreció este servicio en 2022 a todas las instalaciones del INM en todo el país y por el que cobró, solo el año pasado, 165 millones de pesos en un contrato por adjudicación directa.
La Secretaría de la Función Pública (SFP) define una adjudicación directa como “un procedimiento que se realiza sin puesta en concurrencia y por ende sin que exista competencia, adjudicándose el contrato a un proveedor que ha sido preseleccionado para tales efectos por la dependencia o entidad”.
Esta tarde en conferencia de prensa, la titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Rosa Icela Rodríguez, anunció que dio inicio el proceso administrativo sancionador en contra de la empresa Grupo de Seguridad Privada CAMSA S.A. de C.V. para revocarle el permiso e imponerle una multa económica.
En Palacio Nacional, la funcionaria federal detalló que la compañía está registrada ante la Dirección General de Seguridad Privada de esta Secretaría desde el 3 de septiembre de 2020, con una autorización vigente a febrero de 2024, bajo la modalidad de seguridad privada en todo el territorio nacional.
Lee también: Buscan quitar permisos a empresa de seguridad por incendio de Ciudad Juárez
“Ya se tienen identificados a los socios: David Vicente Salazar Gasca y George Mcphail Trouyet, así como a representantes y apoderados legales”, expresó.
Ayer El Gran Diario de México reveló que en tres años, más de 500 millones de pesos ha pagado el INM por el servicio de seguridad en sus estaciones migratorias en todo el país.
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