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El exgobernador de Tamaulipas Tomás Yarrington Ruvalcaba se declaró culpable del cargo de conspiración para lavar instrumentos monetarios, ante un tribunal federal de Texas.
La declaración de Yarrington, cuya comparecencia se retrasó debido a la pandemia, fue parte de un acuerdo con la fiscalía.
Al respecto, la fiscalía del Distrito Sur de Texas detalló en un comunicado que, como parte de la declaración de culpabilidad, Yarrington, de 64 años, “admitió que aceptó sobornos de individuos y compañías privadas en México, para hacer negocios en el estado de Tamaulipas mientras era gobernador”.
El mexicano, agregó, “usó el dinero de los sobornos que recibió para adquirir propiedades en Estados Unidos”, para lo cual usó un prestanombres.
Reconoció que “una de las propiedades adquirida ilegalmente fue un condominio en Puerto Isabel, Texas. También, admitió que sabía que actuaba en contra de la ley en México al aceptar los sobornos y esconder más de 3.5 millones de dólares de dichos sobornos en Estados Unidos mediante la compra de bienes raíces, autos y otros artículos personales”.
La jueza de distrito Hilda G. Tagle aceptó la declaratoria de culpabilidad, que incluye el acuerdo por parte de Yarrington de que le sea confiscado el condominio de Puerto Isabel.
Los otros 10 cargos que pesaban en contra del mexicano fueron desestimados y la fiscalía recomendó una sentencia de entre ocho y 11 años.
La jueza no fijó la fecha de sentencia, pero la condena máxima que podría recibir el exgbernador, por el delito del que se declaró culpable, es de 20 años.
Como parte del acuerdo, la fiscalía recomendó que se acrediten los 377 días que Yarrington pasó en prisión en Italia, donde fue capturado en abril de 2017 y de donde fue extraditado a Estados Unidos en abril de 2018.
Entre los 11 delitos que enfrentaba están que pertenecía a una organización criminal, extorsión, fraude bancario, narcotráfico y falsedad de declaración a instituciones bancarias.
De acuerdo con la investigación, Yarrington, gobernador de Tamaulipas entre 1999 y 2005, y candidato presidencial por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), actuó en coordinación con el Cártel del Golfo y con los Beltrán Leyva, una cooperación que permitió el envío de varias toneladas de cocaína a Estados Unidos.
Asimismo, el expriista habría desviado 60 millones de pesos de dinero público en sus operaciones de delitos financieros. El PRI lo expulsó del partido en 2016.
En el comunicado, la fiscalía reconoció “con gratitud la ayuda significativa recibida del gobierno de México en el transcurso de la investigación”.
Por su parte, Chris Flood, abogado del exgobernador, dijo a la prensa que lo ocurrido ayer muestra que su cliente “no tenía ningún vínculo” con cárteles de la droga.
