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alberto.morales@eluniversal.com.mx
El PAN y el PRD en el Senado responsabilizaron al Ejecutivo federal por la crisis institucional por la que atraviesa el país y adelantaron que este lunes en la Junta de Coordinación Política (Jucopo) exigirán que se emita la convocatoria para elegir al nuevo titular de la FEPADE.
El coordinador del PAN, Fernando Herrera, reclamó que primera vez en la historia no se tiene titular de la PGR, ni de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE) y siguen sin definición los nombramientos de los fiscales general y anticorrupción.
El legislador manifestó que es urgente, además, iniciar el proceso de elección del titular de la FEPADE, porque “mantendremos nuestra exigencia de que el fiscal electoral sea una persona que goce de independencia y autonomía, que sea ajena a cualquier interés partidista. No es deseable que la institución quede en manos de un encargado de despacho”, dijo.
Herrera reclamó que el interés del gobierno por negarle a los mexicanos instituciones autónomas, independientes y probas ha llevado al sistema de procuración de justicia a una crisis nunca vista.
El coordinador del PRD, Luis Sánchez, coincidió en que la crisis institucional es responsabilidad de las decisiones del Ejecutivo, por lo que demandó que se emita ya la convocatoria para elegir al sustituto de Santiago Nieto, decisión en la que los partidos deben superar la intención de poner un fiscal a modo.
“Debemos tomar acuerdos para iniciar el procedimiento para el nombramiento del nuevo fiscal, luego, concluir el trámite de la objeción, cerrar ese trámite, y dar paso a la convocatoria para elegir al nuevo titular de la FEPADE, en la que tenemos que elegir a un fiscal que garantice imparcialidad para todas las partes. No es momento de tratar de llevar a un amigo a este espacio”.
Sánchez Jiménez insistió en que no es momento para que ninguna fuerza política trate de sacar ventaja sobre otra en la designación del nuevo fiscal electoral.
Herrera dijo que es necesario activar una acción colectiva, en la que fuerzas políticas, organizaciones sociales, académicas y empresariales que se han opuesto a ese interés gubernamental dirigido a mantener impunes delitos y actos de corrupción cometidos en la presente administración, participen en una causa común, para restituir la institucionalidad de la Procuraduría General de la República y la FEPADE.
