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La Secretaría de Bienestar “rasuró” los padrones de beneficiarios del Programa de Estancias Infantiles (PEI) para demostrar que había una red de corrupción, aseguró Clara Torres, extitular del programa.
Ante las declaraciones de María Luisa Albores, titular de la Secretaría de Bienestar, en las que señala que han detectado niños fantasma en las estancias, Torres comentó a EL UNIVERSAL que es una manera de justificar la cancelación del proyecto, el cual, dijo, es el mejor calificado según el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval).
Aseguró que los motivos de la dependencia para cambiar el esquema de apoyo fueron porque veían al programa como una “amenaza política” en la que había intereses partidistas, lo que motivó su cancelación.
Resaltó que los servidores que acudían a las estancias para levantar el censo les informaban que habían encontrado un número menor de niños registrados en el padrón. Acusó que, además de quitarles su modo de vida a las responsables de estos espacios, se les quitó su prestigio. Comentó que se han presentado más de 200 amparos contra el retiro de los apoyos a las estancias infantiles.
Clara Torres exhortó a la secretaria de Bienestar a establecer un diálogo en el que escuche esta versión de los hechos, así como las demandas de las madres y responsables de las estancias afectadas por esta “rasurada”. Asimismo, le pidió presentar esa lista de niños fantasma para compararla con las denuncias de los estados.
¿Qué opina de lo que declaró la titular de Bienestar sobre los 50 mil niños fantasma de las estancias?
—Cuando a mí me avisó la subsecretaria Ariadna Montiel que se cancelaba el programa, la razón que me dio fue que era una amenaza política, una estructura de 9 mil 500 líderes en 32 estados, en mil 200 municipios. “Es una amenaza y le han hecho protestas al presidente”, así me lo dijo, textual: “Ya no lo vamos a tratar como una política pública, sino como una amenaza política”. Obviamente no lo iban a decir en público, pero es muy doloroso que lo traten de justificar y demostrar que hay una red de corrupción.
Están haciendo un traje a la medida para poder validar las palabras del Presidente. En Morelia, Michoacán, las responsables y las mismas madres se estaban quejando de que los servidores de la nación llegaban a la estancia, ésta les daba 30 beneficiarios y ellos decían: “No tenemos a ninguno de ellos. Son 10”.
¿Siguieron algún criterio para hacer esta “rasurada”?
—Esto lo detectamos ahora que estuvimos en los estados. Fue repetitivo en todos los que estuve —llevo como 12 estados—; sin embargo, con las redes que tienen, las responsables han denunciado y se hizo un estudio.
En Baja California rasuraron 30%. Los niños existen, pero los rasuraron y luego dijeron que son niños fantasma. En Chihuahua fue 30%; en Sinaloa, 40%; en Coahuila, 25%; en Nuevo León, 30%; en Zacatecas, 30%; en San Luis Potosí, 30%; en Sonora, 50%; en Tamaulipas, 40%; en Nayarit, 40%; en Jalisco, 40%, y en Tlaxcala, 40%. Eso es lo que nos han informado las responsables sobre lo que está sucediendo.
Ofrezco a la secretaria María Luisa Albores tener una mesa de diálogo, que escuche estas denuncias —que, al menos en su oficina de Morelia, lo hicieron de viva voz las afectadas— y que analice que eso no sea una trampa para poder justificar el cierre, que fue por razones políticas y que ahora dicen que fue por corrupción.
Cuando menciona “amenaza política”, ¿a qué se refiere?
—A que es un programa que nació de lo que ellos llaman PRIAN y que posiblemente podría tener relación con los partidos. Cuando hicieron la gira de agradecimiento por los 100 días, consideraron que podría haber intereses partidistas atrás de todo esto por parte del PRIAN y que la prueba más clara para ellos fue una reunión en la Cámara de Diputados y no en la oficina central.
