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El Acuerdo General propuesto por el presidente del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), ministro Luis María Aguilar Morales , busca profundizar los controles meritocráticos en la administración del personal para fortalecer la carrera judicial , así como el servicio público en funciones de apoyo administrativo, con la finalidad de garantizar condiciones de igualdad en el acceso al servicio en el Poder Judicial de la Federación (PJF), se informó.
Con lo que “los titulares de órganos jurisdiccionales y administrativos deberán abstenerse de generar, entre ellos, acuerdos de voluntades para realizar nombramientos o promociones, así como de utilizar, por cualquier medio, sus facultades , posición jerárquica, o su empleo, cargo o comisión para influir en la decisión de otro en dicha realización”, se detalló a través de un comunicado.
En la propuesta destaca crear un Registro Público de Méritos de los Servidores Públicos del PJF, de libre consulta, que ayudará a transparentar los méritos del personal que lo conforma.
Además de implementar Exámenes de Habilitación obligatorios para todo individuo que ingrese al organismo, a excepción de los casos en los que los puestos tengan como requisito la presentación de exámenes ya establecidos, es decir, los que pertenecen a la carrera judicial , se agregó.
“La propuesta del ministro Luis María Aguilar Morales tiene fundamento en la Constitución y en tratados y convenciones internacionales en los que se fijan estándares de excelencia en el servicio de impartición de justicia y se exige a todo poder judicial hacer eficiente el ingreso y selección del personal que integra la judicatura, en reconocimiento del derecho de los justiciables a exigir garantías suficientes que permitan desterrar toda duda razonable respecto de la ausencia de imparcialidad”, se añadió.
Este Acuerdo General, impulsado por el ministro Aguilar Morales, se agregó, es congruente con los objetivos que planteó en el Plan de Desarrollo Institucional 2015-2018 del CJF .
Objetivos que reflejan el compromiso con la construcción de soluciones que garanticen la transparencia y responsabilidad de los titulares de las áreas jurisdiccionales y administrativas en el reclutamiento del personal a su cargo, para abonar en forma integral a la mejor impartición de justicia.
