Más Información
La presidenta de la Cámara de Diputados, Laura Rojas (PAN), presentó ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) una controversia constitucional con la que busca echar abajo el acuerdo del Ejecutivo que permite a las Fuerzas Armadas continuar en tareas de seguridad pública hasta mayo de 2024.
Este recurso generó un enfrentamiento entre las distintas fracciones, pues mientras la oposición (PAN, PRI, PRD y MC) lo respaldó, Morena exigió retirarlo y lo calificó como “espurio”.
Rojas recordó que en mayo de 2019, el Congreso y las legislaturas de los estados aprobaron —por unanimidad— reformar la Constitución y establecer un nuevo régimen jurídico para crear la Guardia Nacional como una institución de carácter civil, con la misión de salvaguardar la vida, así como contribuir a la preservación del orden público.
Además, dijo, la reforma establece un mandato para fortalecer las policías locales y faculta al Presidente para disponer, excepcional y temporalmente, de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública, pero de manera “extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria” hasta que se consolide la Guardia Nacional.
Pese a esto, el 11 de mayo de 2020, el Ejecutivo emitió el acuerdo por el que se dispone de la fuerza armada permanente para realizar tareas de seguridad pública hasta el 27 de marzo de 2024.
Luego de un análisis, consultar a especialistas y organizaciones, así como tomar en cuenta a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y a la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, “considero que existen razones para solicitar a la Corte que, mediante una controversia constitucional”, revise la legalidad del acuerdo.
El artículo 233 párrafo 2 del reglamento de la Cámara detalla que cuando un legislador pretenda interponer una controversia, deberá presentar solicitud a la Junta de Coordinación Política (Jucopo), la cual solicitará a la Mesa Directiva su análisis y, de ser procedente, se someterá a votación del pleno.
En caso de ser el presidente de la Mesa Directiva, podrá presentar una controversia cuando lo estime necesario para defender los intereses de ésta.
“El acuerdo se aleja de los parámetros que establece la Constitución para el despliegue de la fuerza armada permanente en tareas de seguridad pública, dejando de nuevo al Ejército y la Marina sin un marco jurídico que le dé certidumbre a su actuación”, determinó Rojas.
Mencionó que le preocupa que el acuerdo se contradice respecto a la complementariedad y la subordinación de las Fuerzas Armadas a las autoridades civiles, al establecer que el secretario de Seguridad debe coordinarse con la Defensa Nacional y la Marina.
“El propósito de la controversia no es cuestionar la facultad del Presidente para disponer de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad, sino asegurar que cumpla con los criterios que establece la Constitución, y con ello asegurar que sus acciones (...) sean efectivas y estén sólidamente en la legalidad”, indicó.
Agregó que durante más de una década las Fuerzas Armadas han protegido al pueblo, sin contar con un marco jurídico que les dé certidumbre y protección.
“Expreso mi más amplio agradecimiento y reconocimiento por esa labor (...) El propósito de esta controversia, así como de otras acciones legislativas que propondré en breve, busca generar el marco jurídico que merecen y necesitan para alcanzar un México con paz”, explicó.
Al respecto, el vicecoordinador de la bancada de Morena, Pablo Gómez, aseguró a través de Twitter que Laura Rojas carece de respaldo para presentar controversias en la Corte contra el decreto presidencial acerca de la participación provisional de las Fuerzas Armadas. “El recurso es espurio”, dijo.
En tanto, el diputado de Morena Javier Hidalgo cuestionó que Laura Rojas “a cuenta de qué” atribuye posiciones personales a nombre de todos los legisladores de la Cámara de Diputados, y le pidió formalmente retirar la controversia constitucional y, si gusta, la presente a nombre de su partido. Además, lanzó la etiqueta #AmiNombreNo.
Asimismo, las bancadas del PAN, PRI, MC y PRD respaldaron a Rojas y argumentaron que este recurso busca brindar certeza y respaldo al trabajo de las autoridades civiles y los militares.
Dijeron que se disiparán las dudas de una posible militarización de la seguridad y señalaron que la reforma constitucional no fue para darle un cheque en blanco al Ejecutivo en materia de seguridad.
