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La Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados tiene listo el dictamen para modificar el artículo 41 de la Constitución y recortar a los partidos políticos 50% del financiamiento público que reciben año con año.
De acuerdo con una copia del dictamen, que se prevé debatir y en su caso aprobar el próximo martes 29 de octubre en la comisión por la mayoría que integran Morena y sus aliados, se plantea modificar la fórmula para el cálculo de los montos de financiamiento y bajar de 65% a 32.5% el valor de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) a considerar para fijar las cifras.
Hoy, la Constitución establece que el financiamiento público para las actividades ordinarias permanentes de los partidos políticos debe fijarse anualmente, multiplicando el número de personas inscritas en el Padrón Electoral por 65% del valor diario de la UMA.
Del monto resultante, 30% se distribuirá de manera igualitaria entre todos los partidos políticos y el 70% restante se repartirá de acuerdo con el porcentaje de votos obtenido en la elección de diputaciones inmediata anterior.
La propuesta que se describe en el dictamen establece que a partir del próximo año (en caso de que se concluya el ciclo de la reforma constitucional) la fórmula será multiplicar el número de ciudadanos en el padrón sólo por 32.5% del valor diario de la UMA.
El efecto resultante será que los recursos para los partidos se recortarán a la mitad.
En este documento se establece en los artículos transitorios que entrará en vigor al siguiente día de su publicación en el Diario Oficial de la Federación y el Congreso de la Unión y las legislaturas locales tendrán un plazo no mayor a 60 días naturales para realizar las modificaciones normativas correspondientes a esta reforma constitucional.
Cabe recordar que el INE ya aprobó el financiamiento público para los partidos para 2020 el pasado 14 de agosto, y quedó en 5 mil 138 millones 530 mil pesos.
Así, Morena recibiría mil 703 millones; el PAN, 936 millones; el PRI, 881 millones; el PRD, 431 millones; el Verde, 411 millones; MC, 396 millones, y el PT, 377 millones.
En caso de prosperar el “recorte” planteado el financiamiento público para los partidos para 2020 quedaría en un total en 2 mil 569 millones 265 mil pesos. Morena recibiría 851 millones; el PAN, 468 millones; el PRI, 440 millones; el PRD, 215 millones; el Verde, 205 millones; MC, 198 millones, y el PT, 188 millones de pesos.
De ser avalado por la comisión con la mayoría de Morena, PES y PT, pasará al pleno de San Lázaro donde deberá ser aprobada por dos terceras partes de los legisladores presentes. De lograr esa mayoría calificada, irá al Senado, donde también deberá tener el apoyo de dos terceras partes del pleno.
Propuestas. Algunas de las propuestas que se presentaron fueron del coordinador de la bancada de Morena, Mario Delgado, y su vicecoordinadora, Tatiana Clouthier, presentaron una iniciativa para
recortar de 65% a 32% la fórmula para el financiamiento de los partidos políticos.
También los petistas Benjamín Robles, Maribel Martínez y María Teresa Marú también presentaron otra propuesta, en la que también solicitan “bajar” a 32.5% la fórmula y abren la puerta para que militantes y simpatizantes de los institutos políticos realicen aportaciones de hasta 20% del monto total del que recibirán los partidos.
Asimismo, Reginaldo Sandoval, líder de la bancada del PT, sugirió también bajar el monto a 32% y que el total resultante se distribuya de forma igualitaria entre todos los partidos.
Incluso, en una de las propuestas del PES el diputado Héctor Joel Villegas plantea que el financiamiento de los partidos sea totalmente de origen privado por medio de aportaciones realizadas por sus militantes y simpatizantes.
En el PRD buscan que el porcentaje sea de 33% y que 70% del total sea distribuido, de forma igualitaria, entre todos los partidos políticos y el INE reintegrará a la Tesorería los ahorros, entre otras propuestas.
Consideraciones. La Comisión, con mayoría de Morena, PT y PES, considera que es necesario modificar el actual régimen de financiamiento público de los partidos políticos, para reducir su gasto sin dejar de proteger la equidad en las contiendas electorales.
“Si bien es cierto que las organizaciones políticas juegan un papel importante en los regímenes democráticos, también existen corrientes doctrinarias y múltiples opiniones que señalan los altos costos que representan para la sociedad en general. Actualmente, el artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos prevé que para asignar financiamiento público a los partidos políticos se aplicará la fórmula consistente en multiplicar el número total de ciudadanos inscritos en el padrón electoral por 65% del valor diario de la UMA”, dice.
Describe que esta fórmula de entrega de recursos permite que las erogaciones a institutos políticos aumenten constantemente debido al incremento anual del padrón electoral y el valor de la UMA.
“Lo que cada vez genera un mayor descontento social. Lo que no se traduce en un aumento de la confianza ciudadana en los partidos políticos, ni mucho menos en una democracia de calidad. En consecuencia, el voto en México representa uno de los más caros a nivel mundial, sobrepasando incluso a países como Estados Unidos, Rusia o Brasil, mientras que en el escenario latinoamericano nuestro país es el que más subsidio otorga a los partidos políticos”, describe el dictamen.
Argumenta que esta disminución no provocará efectos adversos, como el aumento del abstencionismo electoral, y se continuarán otorgando mayores recursos a aquellos institutos políticos que hayan recibido mayor apoyo de los ciudadanos, lo que constituye un incentivo para que los partidos políticos encaminen sus esfuerzos a conseguir el voto ciudadano en cada elección.
“De igual manera, la modificación propuesta en el presente dictamen no representa una afectación a la preponderancia de recursos públicos sobre los privados ni afecta la equidad en la contienda; sin embargo, sí contribuye a reducir considerablemente los recursos erogados a niveles razonables.
“La necesidad de llevar a cabo esta reforma se acredita con las distintas iniciativas presentadas en la materia, las cuales coinciden en el núcleo esencial y en la finalidad de generar ahorros al erario, para que el Estado pueda destinar esos recursos en la consecución de otros fines y en aras de atender los adeudos históricos que se tienen con la sociedad mexicana”, señala.
