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Un tribunal federal negó frenar la investigación contra Rosario Robles por ejercicio indebido del servicio público derivada del caso de la Estafa Maestra.
El Noveno Tribunal Colegiado en materia Penal en la Ciudad de México ratificó la decisión de negar la suspensión definitiva a la ex titular de la Secretaría de Desarrollo Social, quien solicitó un amparo contra el auto de vinculación a proceso emitido por el juez Felipe de Jesús Delgadillo Padierna.
La vinculación a proceso implica que el juez de control autorizó a la Fiscalía General de la República (FGR) autorizó continuar con sus pesquisas para poder llevar a Robles a juicio por haber tenido conocimiento de diversos desvíos millonarios en Sedesol y la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) y no hacer nada para evitarlo.
El amparo de origen fue admitido por el juez Décimo de Distrito en la materia que determinó negar la suspensión definitiva contra esa autorización para investigar a Robles (el auto de vinculación a proceso).
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El juez indicó que Robles solicitó la suspensión definitiva para evitar que el ministerio público formule una acusación en su contra durante la audiencia intermedia y con ello que se dicte auto de apertura a juicio pero que la suspensión es improcedente porque se contravendrían disposiciones de orden público y se causaría perjuicio al interés social.
Por ello, su defensa presentó un recurso ante el Noveno Tribunal Colegiado que acompañó la decisión del juez de Distrito y consideró improcedente la suspensión solicitada por Robles.
El 13 de diciembre vencía el término para concluir la investigación complementaria en el asunto contra Robles pero su defensa solicitó una prórroga por dos meses que vence el 13 de febrero de 2020.
En entrevista este jueves el abogado Epigmenio Mendieta explicó que además de que prepararán más pruebas de descargo, la defensa espera lograr una resolución favorable en el amparo.
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El abogado acudió al Reclusorio Norte a una audiencia de apelación en la que Robles solicitó dejar sin efectos la prisión preventiva justificada que le impuso Delgadillo Padierna cuando la vinculó a proceso.
La magistrada encargada de resolver la apelación tiene 72 horas para emitir su resolución y decidir si mantendrá o no a la ex funcionaria en el penal de Santa Martha.
MAOT
