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La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) prevé una reducción de 852.8 millones de pesos al presupuesto de 2019, para ajustar su gasto a las medidas de austeridad que anunció el ministro presidente, Luis María Aguilar Morales.
El proyecto, que será entregado a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) para su análisis en el Congreso de la Unión, destaca que para el próximo año la SCJN solicitará 4 mil 782 millones 300 mil pesos, que representa 15.1% menos de lo aprobado para 2018, que fue de 5 mil 635 millones 107 mil 441 pesos.
Las medidas de austeridad anunciadas por el ministro Aguilar Morales en agosto pasado están reflejadas en un decálogo del proyecto presupuestal, que incluye reducción en gastos protocolarios, congresos, convenciones, viáticos, pasajes, actividades culturales y disminución en la compra de vehículos.
El ministro ordenó en aquel momento a la Corte, al Consejo de la Judicatura Federal y al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación establecer acciones que permitan “una mayor eficiencia, eficacia, racionalidad y (...) austeridad” en el ejercicio del gasto público.
Afirmó que el PJF no es ajeno a los retos que enfrenta el país en lo económico, político y social, y que estas estrategias buscan que “no se comprometa la independencia y autonomía de los órganos jurisdiccionales”.
El documento, al que tuvo acceso EL UNIVERSAL, “muestra un esfuerzo importante en los recursos que se destinan a la impartición de justicia, la protección de los derechos humanos y las garantías consagradas en el orden jurídico mexicano.
“Salvaguardando los recursos indispensables para la debida continuidad de las tareas constitucionales y la prestación de un servicio público fundamental, cumpliendo las metas de los programas establecidos”.
En cuanto a la remuneración salarial de los ministros, el documento no establece modificación, de tal manera que en términos netos recibirán 266 mil 841 pesos mensuales.
Los ministros, aclara la propuesta, no cuentan con apoyo económico para servicios de estética, peluquería, gimnasios y similares. Tampoco se realiza el pago por contrataciones de personal de seguridad.
Entre las reducciones previstas está el gasto en viáticos y pasajes aéreos y terrestres, nacionales e internacionales para los integrantes de la Corte y de los ponentes y participantes de sus eventos institucionales.
En su propuesta la Corte especifica que no se prevé la posibilidad de contratar servicios de aviones o helicópteros privados para transportar a algún ministro, funcionario o servidor público de la institución.
Para 2019 buscará suprimir la adquisición de vehículos para funcionarios, bienes y equipo informático, material bibliohemerográfico para la red institucional y equipamiento para el Canal Judicial.
Según el análisis, este mobiliario puede ser cubierto con la reasignación de otro disponible y de equipos de administración.
También se establece la reducción de 50% en el seguro de separación individualizado que tienen mandos superiores y medios. En el caso del seguro de gastos médicos mayores está cubierto contractualmente con la partida presupuestaria que recibió para 2018, pero para el ejercicio de 2020 el documento propone un monto referencial.
También buscará reducir sus gastos protocolarios, conmemorativos y de orden social, y se prevé una disminución en las contrataciones por honorarios para que subsistan aquellas que sean prioritarias.
Otro de los rubros en los que la Corte se ajustará el cinturón será en la realización de congresos, convenciones y capacitación, así como en el gasto en actividades culturales y sociales, tales como visitas a museos, talleres, viajes y actividades que efectuaban trabajadores con sus familias.
Si bien el máximo tribunal no dejará de ejecutar obras como parte del programa de reordenamiento de espacios institucionales, sí prevé eliminar aquellas menos relevantes en diversos edificios y áreas de la Corte.
Se eliminará la adquisición y adecuación de un inmueble para que ahí se instale una casa de la Cultura Jurídica, pues actualmente ocupa uno arrendado.
“Se realizó una evaluación del ejercicio presupuestal histórico de las áreas, así como de los conceptos de sus requerimientos para el ejercicio fiscal 2019, a través de lo cual se determinaron aquellos requerimientos prioritarios para la continuidad de los servicios y programas institucionales, proponiéndose ajustes presupuestales en conceptos de servicios, arrendamiento, derechos, mantenimiento y refacciones de bienes y equipo informático, consumibles, investigaciones, gastos de impresión y elaboración de material informativo, entre otros como combustibles, materiales y útiles de oficina”, indica el documento.
