La propuesta de eliminar los consejos de la Judicatura de los poderes judiciales estatales, presentada por el senador morenista Ricardo Monreal, implica un grave retroceso para la independencia judicial.
Así lo afirmó la organización México Evalúa, que este miércoles presentará los resultados del estudio Independencia y buen gobierno de los poderes judiciales, en el que analizó a profundidad los consejos de la Judicatura del Estado de México, Guanajuato, Querétaro y Yucatán.
La organización señaló que, contrario a lo propuesto por el senador Monreal Ávila, los consejos de la Judicatura locales deben ser reforzados porque en ellos recae el gobierno judicial, es decir, la responsabilidad de administración, vigilancia y disciplina en los poderes judiciales estatales.
Monreal Ávila presentó la iniciativa de reforma constitucional para desaparecer estas instancias bajo el argumento de que los gobernadores locales tienen una “excesiva intromisión” en el proceso de nombramiento de los consejeros.
México Evalúa emitió una serie de recomendaciones para evitar su eliminación y abonar a su reforzamiento.
Una de estas recomendaciones consiste en delegar las atribuciones administrativas de los poderes judiciales a los consejos de la Judicatura para consolidarlos como responsables del gobierno judicial.
Reconoció que los consejos de la Judicatura han tenido un impacto positivo en la gestión de los derechos humanos, pero ante la falta de profesionalización de personal administrativo, existe la posibilidad de que la designación de este tipo de integrantes en los poderes judiciales se dé por prácticas de nepotismo o amiguismo.
Otra recomendación fue establecer criterios y procesos claros de selección de los consejeros que permitan el escrutinio público
México Evalúa indicó que los procesos de selección de los consejeros de la Judicatura, presidentes y titulares de los órganos auxiliares de los poderes judiciales que analizó tienen deficiencias en la regulación y escasa transparencia. Principalmente cuando son nombrados por el gobernador o los congresos locales, lo que contribuye a que las designaciones sean arbitrarias.
Asimismo, recomendó asegurar que los poderes judiciales tengan solvencia financiera para disminuir el riesgo de presiones indebidas por parte de los poderes legislativos o ejecutivos locales y reprochó que la mayoría no cuenta con un presupuesto adecuado para realizar sus funciones.
Enfatizó que aunque las constituciones locales pueden incluir “candados” para proteger dicho presupuesto, a menudo no se respetan.
