El subsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Ricardo Mejía Berdeja, arremetió en contra del juez Juan Pablo Gómez Fierro, quien concedió ayer la primera suspensión provisional al Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil.
Mejía Berdeja acusó que Gómez Fierro es el juzgador que “utilizan a contentillo” diversos grupos y que defiende intereses particulares o intereses contrarios a la seguridad del país.
“Nos parece que no debió haber concedido la suspensión provisional, en virtud de que no se han emitido los lineamientos para determinar qué dato biométrico se solicitará a los usuarios de telefonía móvil”, esgrimió.
En la sede de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), el funcionario aseveró que ven una actitud muy oficiosa por parte del juez porque “es tal su interés de andar de quedabién de intereses particulares”.
Soltó: “Es tal este afán de andar de quedabién que el señor juez confunde un sistema de geolocalización, que ya se puede pedir hoy en día, y no es el propósito de la ley, toda vez que el Código Nacional de Procedimientos Penales ya faculta a las autoridades para pedir la geolocalización de una llamada telefónica. El señor de ahí se agarra para decir que no se afecta conceder la suspensión, así anda el juez de desorientado”.
El número dos de la SSPC aseguró que lo que está a debate es un modelo de seguridad contra un modelo de ventas: “¿Por qué esta reacción de algunas personas vinculadas a estas empresas de telefonía?, pues porque altera el modelo de venta, porque no es lo mismo vender tarjetas sim card de prepago como barajitas sin ningún control, sin ningún registro, a tener ahora, como lo hacen en los sistemas de renta fija mensual que levantan los datos, entonces esto altera el modelo de ventas porque va a tener una mayor complicación”.
Mejía Berdeja dijo que el gobierno federal no está pidiendo ningún dato biométrico, toda vez que eso lo va a decir el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT).
“Hay un esfuerzo de desacreditar esta ley que ya fue publicada, que el Instituto Federal de Telecomunicaciones tiene 180 días para emitir los lineamientos correspondientes y para los que ya tienen un teléfono habrá dos años para poder hacer el registro correspondiente y, evidentemente, cuando haya los lineamientos las otras líneas tendrán que ajustarse a esta nueva disposición”.
Mejía Berdeja asentó que el objetivo fundamental del padrón es la seguridad pública del país, ya que existe una urgencia de contar con un registro de los sistemas telefónicos móviles de prepago, los cuales son utilizados con el fin de cometer delitos, tales como secuestro, extorsión y trata de personas.
