“Tenemos 102 denuncias que nos han llegado a la [Secretaría de la] Función Pública presentadas contra exdelegados del Bienestar y delegados. En este caso lo que puedo informar es que 24 de estas investigaciones ya han sido concluidas sin elementos, sin posibilidad de continuarlas, pero ocho ya están en proceso de responsabilidades”, dijo la titular de esa dependencia, Irma Eréndira Sandoval Ballesteros, durante la conferencia de prensa del Presidente de la República el 23 de enero de 2020.
Meses antes, en comparecencia ante la Cámara de Diputados, el 24 de octubre de 2019, señaló: “Estamos procesando 12 denuncias ya en contra de 10 delegados estatales de programas para el desarrollo (...) Hasta ahora las entidades federativas cuyos delegados han sido denunciados y están siendo investigados son: Aguascalientes, Chihuahua, Chiapas, Colima, Guanajuato, Puebla, San Luis Potosí, Sinaloa y Sonora.”
Sin embargo, la secretaria respondió a este diario que sólo contaba con 97 denuncias y ninguna tiene sanción. De éstas, 86 están en trámite y las 11 restantes fueron concluidas para después ser archivadas por falta de elementos. Este conteo fue entregado por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) en el proceso de un recurso de revisión, porque las secretarías de Bienestar y de la Función Pública no consideraban entregar parte de la información por estimar que debería ser confidencial.
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En el documento en poder de EL UNIVERSAL se enlista el número de expedientes, entidad federativa, breve descripción de los hechos, estatus y sanción. El estado que tiene la mayor cantidad de denuncias ante la SFP es Colima, con 16; le sigue Aguascalientes, con 11; Oaxaca, con nueve; Tamaulipas, con siete, y Puebla y San Luis Potosí, con cinco cada una.
En noviembre de 2018, el pleno de la Cámara de Diputados aprobó la creación, por unanimidad, de la figura de coordinadores estatales o superdelegados que planteó en ese momento el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador. Uno de los propósitos de estos funcionarios públicos era eliminar “instancias intermedias para que la gente reciba directamente sus recursos”, explicó Olga Sánchez Cordero, en ese entonces senadora, hoy secretaria de Gobernación.
Durante esta administración hay al menos 20 expedientes con denuncias contra estos superdelegados que son señalados por “pedir dinero para ir a un evento, uso de recursos públicos para rubros distintos a los establecidos en la norma, faltas administrativas en manejos de programas sociales, irregularidades en el manejo de programas sociales y malos manejos en entregas de tarjetas, entre otras.
Una de las críticas más fuertes que se hicieron por parte de la oposición en la Cámara de Diputados al momento de la creación de esta figura fue el uso político-electoral que podrían tener esas personas. En la información que proporcionó la SFP hay al menos cuatro denuncias por intervención en procesos electorales, como es el caso del expediente 2020/BIENESTAR/DE667 abierto en Baja California por “promoción de imagen con fines electorales”, indicó.
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En este estado, Jaime Bonilla ganó una senaduría en 2018 y semanas más tarde se incorporaría ahí como superdelegado. Meses después dejó el cargo y fue candidato a gobernador, resultando elegido en 2019. Para 2021 habrá nueva elección a la gubernatura mientras la denuncia antes mencionada, que fue abierta en 2020, sigue en trámite.
Otros de los motivos por los que se abrieron expedientes contra los superdelegados son: intervenir en asuntos que no corresponden a sus funciones, despido injustificado, falta de atención a la ciudadanía, contratación de familiares, participación en actos de partidos políticos, conflictos de interés y hostigamiento laboral, así como omitir información en su declaraciones patrimoniales, entre otros.
Al analizar los expedientes contra los funcionarios, se detectó que en 31 estados tienen, por lo menos, un señalamiento en una denuncia. Querétaro es el único sin ningún registro.
Irregularidad en declaraciones y cifras
Los superdelegados, como se les conoce a los delegados de Desarrollo de Programas, tienen a su cargo la coordinación e implementación de planes, programas y acciones para el desarrollo integral, funciones de atención ciudadana, la supervisión de servicios y los programas a cargo de las dependencias y entidades, así como la revisión de los programas que ejercen algún beneficio directo de la población, de acuerdo con los lineamientos que emitan la Secretaría de Bienestar y la Coordinación General de Programas para el Desarrollo.
Lo anterior, de acuerdo con las modificaciones hechas al artículo 17 Ter de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. De los 32 superdelegados, 21 se desempeñaron en algún cargo dentro de Morena, que abanderó al actual Presidente en las elecciones que ganó en 2018.
Una de las denuncias que se presentó en Aguascalientes con número de expediente 2019/BIENESTAR/DE88 fue por “la firma de documentos anteponiendo a su nombre la abreviatura de “lic”; sin que tenga un título profesional”. Esta acción legal fue concluida y enviada al archivo por falta de elementos, pero al buscar el nombre del superdelegado del estado en el Registro Nacional de Profesionsistas de la SEP no se encuentran datos de ninguna cédula profesional.
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Este dato fue contrastado con la información que otorgó el Registro de Servidores Públicos de la plataforma Declaranet de la SFP y, en el apartado de escolaridad mencionó que se encuentra cursando la licenciatura en Administración Pública.
Ante la discrepancia entre las cifras de las 102 denuncias contra los superdelegados citados por la titular de la Secretaría de la Función Pública y las que después fueron entregadas mediante una solicitud de acceso a la información pública que, en una primera respuesta ascendían a 96, se interpuso el recurso de revisión con número 08035/20 ante el Inai, ya que además la información que proporcionó fue sólo de un año y no desde la creación de esta figura, como lo solicitó este diario.
Las inconsistencias en las cifras aumentaron cuando el Inai entregó a El Gran Diario de México el oficio 311/2597/2020 del Órgano Interno de Control de la Secretaría de Bienestar, que éste hizo llegar a la SFP para que diera respuesta a la petición de transparencia. Documento en el que añadió un expediente más, sumando en total 97 denuncias contra los superdelegados.
Sin sanciones
Carlos Lomelí Bolaños, ahora exdelegado del Bienestar de Jalisco, fue acusado por formar una red de empresas farmacéuticas junto a familiares y amigos que vendieron a diversos gobiernos medicamentos que, en algunas ocasiones, fueron señalados de ser falsos o de tener sobreprecio. Las compras ocurrieron incluso en el gobierno actual, según una investigación de Mexicanos contra la Corrupción.
El 15 de julio de 2019, la SFP dio a conocer que había siete investigaciones abiertas en contra de Lomelí Bolaños: “Hoy, ya no hay cabida para privilegios, para conflictos de interés ni para el predominio de los intereses privados sobre el superior interés público”, subrayó la secretaria de la Función Pública.
Añadió que cuatro expedientes se centraron en empresas relacionadas con el ahora exfuncionario y tres indagarían presuntas conductas ilegales.
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Sin embargo, en la información que la secretaría respondió sólo entregó datos de tres denuncias en Jalisco. Una por conflicto de intereses con el expediente 2019/BIENESTAR/DE102, otra por intervención en actos partidistas, la 2019/BIENESTAR/ DE56, y la tercera por acoso laboral con número 2019/BIENESTAR/DE55, éstas se encuentran en trámite, pero no se especifica si pertenecen a la gestión del exdelegado. A la fecha, no hay ni una sanción por parte de la SFP contra Lomelí Bolaños ni contra ningún delegado del Bienestar.
Respecto a este tema, el director de Transparencia Mexicana explicó que la figura de los superdelegados es de carácter político y que en términos administrativos son funcionarios adscritos a una dependencia federal y, por lo tanto, se rigen por la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos: “Bajo esta disposición son responsables directos sólo de las funciones que desempeñan. Si una empresa vinculada con alguno de ellos es encontrada responsable de una falta administrativa o un ilícito, por ejemplo, un sobreprecio en una licitación, la empresa es responsable ante la entidad contratante y, por esta conducta la empresa puede ser inhabilitada por la SFP. Si hubiera alguna acusación de corrupción en materia penal corresponde a la FGR o las fiscalías estatales investigar el posible ilícito”, precisó.
Sobre la falta de sanción en este caso, Lourdes Morales Canales, coordinadora de la Red por la Rendición de Cuentas dijo: “Estamos aparentemente frente a un caso típico de utilización política de combate a la corrupción, en donde a los allegados se les perdona todo, a los que son leales al partido se les justifica porque es por una buena causa y a los que no son tan cercanos entonces sí se les castiga, se les aplica la ley porque no están aportando nada políticamente”, expuso.
El caso de Guerrero
En Guerrero se registraron cuatro denuncias: por participación en actos políticos, contratación de servidores públicos, por presuntamente ostentarse como profesionista y por promoción personal. Tres de ellas están en trámite y sólo la que se refiere a su profesión fue concluida y archivada por falta de elementos.
El superdelgado Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros, quien es hermano de la titular de la secretaria de la Función Pública, enfrenta una denuncia interpuesta ante la SFP por Rubén Cayetano García, diputado federal de Morena, por uso de las ayudas sociales para promocionarse, según indican notas de prensa.
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Morales Canales señaló que la titular de la SFP podría blindar esas investigaciones excusándose personalmente, ya que tiene suficiente personal para realizar una investigación a fondo: “El tener vínculos familiares no es problemático sólo si se toman las previsiones necesarias que garanticen que no se están sesgando las decisiones, porque hay precisamente un vínculo de parentesco, de familiaridad o de cercanía. Ella tiene todos los elementos para poderlo hacer, ojalá y este caso sí sea investigado y se den todas las garantías de que no haya favoritismos”, detalló.
La SFP respondió que no pueden dar detalles de investigaciones abiertas y sugirió pedir información vía transparencia.
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Señor Director
Sobre el reportaje y el editorial que hoy publica el diario que usted dirige, me permito hacerle llegar las siguientes precisiones:
1. Nos parece que resulta inexacto señalar la existencia de un número determinado de denuncias sin sanción cuando aún no han concluido las investigaciones y, por lo tanto, los posibles procedimientos de responsabilidad que correspondan a cada caso.
2. En un ejercicio de máxima transparencia, la Función Pública proporcionó la información sobre 96 denuncias y peticiones ciudadanas relacionadas con las delegaciones estatales de Bienestar. Estas cifras son parte de las más de 47 mil denuncias sobre toda la Administración Pública Federal recibidas desde diciembre de 2018.
3. En la actual administración, la Secretaría de la Función Pública ha dado muestras fehacientes de la aplicación de sanciones en todos los casos en los que, tras las investigaciones y procedimientos de responsabilidades correspondientes, así se ha resuelto. De ello dan cuenta las más de 4 mil sanciones impuestas a personas servidoras públicas desde el inicio de la administración.
4. La Función Pública atiende con imparcialidad y estricto apego a la ley todas las denuncias que recibe. Las áreas de Quejas, Denuncias e Investigaciones revisan la información y abren los expedientes que corresponden.
5. Sin embargo, es indispensable dejar en claro que una denuncia presentada no implica la existencia de faltas administrativas. Su comprobación se logra a través de las investigaciones regidas por un proceso de estricta legalidad, en el cual debe garantizarse el debido proceso y la presunción de inocencia.
6. En todo momento la Función Pública custodia la información sobre las denuncias e investigaciones, en apego al artículo 110, fracciones X y XI, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que señalan la confidencialidad de la información cuando su divulgación afecte los derechos del debido proceso y/o vulnere la conducción de los procedimientos administrativos.
7. Independientemente de la atención a las denuncias que recibe por el ejercicio de los programas de Bienestar, la Función Pública realiza permanentes visitas de control a los programas prioritarios, mediante las cuales refuerza los mecanismos preventivos de la corrupción.
8. La Función Pública mantiene una transparencia proactiva e informa una vez que la ley lo permite, es decir, cuando se han resuelto los asuntos. Mtro. Raymundo Alva Huitrón Director General de Comunicación Social Secretaría de la Función Pública
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