Irma Eréndira Sandoval
, titular de la Función Pública (SFP), aseguró que el 100% de los integrantes del gabinete legal del gobierno federal cumplieron ya con la obligación de presentar su declaración patrimonial y de conflicto de intereses.
En un comunicado, la secretaria apuntó que los nuevos formatos de declaración patrimonial y de intereses, implementados este año permiten “recabar más y mejor información” como los ingresos detallados de los servidores públicos para prevenir la corrupción y garantizar que protejan el interés general y no los beneficios particulares “como sucedía en el pasado, cuando se mantenía en total opacidad”,
Sandoval Ballesteros recordó que en 2018, último año de la pasada administración federal, se recibieron 269 mil 180 declaraciones, de las cuales únicamente se hicieron públicas 72 mil 50, es decir, el 26%, mientras que, aseguró, este año, el patrimonio declarado por los servidores públicos puede ser consultado en su totalidad en el sitio www.servidorespublicos.gob.mx.
“Los nuevos formatos, aprobados por el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) y publicados el 23 de septiembre de 2019 en el Diario Oficial de la Federación, cuentan con mayor información y garantizan el derecho constitucional a la protección de los datos personales, con lo que se evita poner en riesgo la integridad y la información de las personas”.
La institución indicó que los formatos constituyen un importante paso hacia la transparencia y cierran espacios a la opacidad, al ser verdaderos mecanismos de rendición de cuentas, de prevención de corrupción y de detección de faltas como el enriquecimiento ilícito”.
Recordó que la aplicación de estos formatos es obligatoria a nivel nacional para los tres órdenes de gobierno, con lo que se uniforman las declaraciones de servidores públicos municipales, estatales y federales, de acuerdo con lo que establecen las leyes generales de Responsabilidades Administrativas y del Sistema Nacional Anticorrupción.
La SFP señaló que la secretaria Irma Eréndira Sandoval Ballesteros, como representante del Poder Ejecutivo en el SNA, votó a favor para que todos los servidores públicos declaren sus bienes en copropiedad con terceros, así como todo el patrimonio de dependientes económicos y cualquier tipo de pareja, como las sociedades de convivencia o similares, lo que anteriormente no ocurría.
“Ahora, esta información está disponible para las revisiones de las autoridades competentes”.
La secretaría señaló que con estos formatos le permitirán a la SFP acceder a la mayor cantidad de datos para monitorear la evolución patrimonial de los servidores públicos, y de esta manera, “se amplía la rendición de cuentas y la revisión a la que deben estar sujetos los funcionarios.
“Además de los ingresos, los altos mandos, donde se concentran los principales riesgos de corrupción, desde subdirecciones de área hasta Presidencia de la República, también tienen la obligación de informarle a la autoridad de los conflictos de interés que podrían tener en el ejercicio de su cargo”.
Indicó que a propuesta de la SFP, los servidores públicos de menor nivel, como jefe de departamento, enlace, operativo y de base sindicalizados, sólo deben llenar un formato simplificado, debido a que “el propósito es centrarse en las principales zonas de riesgo, no distraer personal ni recursos institucionales para investigar a quienes ocupan los niveles inferiores y son la fuerza principal del gobierno federal”.
MAOT