Elba Esther Gordillo Morales se preparaba para aterrizar una vez más en el avión privado en el que desde 2005 viajaba, dentro y fuera del país, a su antojo. Aquel 26 de febrero de 2013 sería la última vez que sentiría el viento en su rostro antes de ingresar al aeronave.
El Cessna modelo 560 Citation Encore estaba listo para buscar su lugar dentro del aeropuerto de Toluca, Estado de México —regresaba al país procedente de San Diego, California—, pero fue interceptado por un avión de la Marina. Esa entidad, en la que Gordillo Morales se fortaleció como lideresa del SNTE y lugar natal del entonces recién designado presidente de la República, Enrique Peña Nieto.
Un par de llamadas en las que un insistente Luis Videgaray, entonces secretario de Hacienda y Crédito Público (SCHP), para acudir a una cena en la Ciudad de México en la que tocarían los temas que eran de conflicto en ese momento con el gobierno de Enrique Peña Nieto, hicieron que Gordillo Morales viajara a Toluca.
El golpe llegó desde la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, que desde diciembre de 2012 detectó una operación “inusual” de 2 millones 600 mil pesos a nombre de Nora Guadalupe Ugarte, ex cajera del SNTE.
La Procuraduría General de la República, según anunció su ex titular Jesús Murillo Karam, decidió indagar más sobre esa operación y logró ejecutar la orden de aprehensión aquel 26 de febrero de 2013.
La acusación: operaciones con recursos de procedencia ilícita por 2 mil 600 millones de pesos, supuestamente desviados de las cuotas sindicales y depositados en cuentas bancarias de Suiza y Lichtenstein. También se le fincó el delito de delincuencia organizada. A eso se sumaron dos acusaciones más por defraudación fiscal.
“Aquí yace una guerrera y como guerrera murió”, dijo Gordillo Morales que sería su epitafio 20 días antes de su detención en la celebración de su cumpleaños número 68.
Tras su detención, la maestra fue trasladada al penal de Santa Martha Acatitla, donde rindió su declaración preparatoria ante el juez Caballero Vértiz.
El 1 de marzo de 2013 fue trasladada al penal femenil de Tepepan, donde recibió atención a sus diez padecimientos en la Torre Médica de Especialidades.
El 5 de marzo de ese año le fue dictado el auto de formal prisión por delincuencia organizada y lavado de dinero.
Sus abogados insistieron en su deteriorada condición de salud para que la trasladaran al hospital María José Roma, en la colonia Roma Norte, donde sus familiares llegaron a pagar hasta 10 mil pesos diarios.
El juicio contra Gordillo Morales inició formalmente el 17 de abril de 2013. El 24 de septiembre de ese año, el Juzgado Cuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México le concedió la protección federal para que se repusiera el procedimiento por “deficiencia técnica en la integración de la averiguación previa”.
La PGR impugnó y en octubre siguiente, le fue notificada una nueva orden de aprehensión por defraudación fiscal equiparada por dos millones 199 mil pesos.
Desde entonces, el abogado Marco Antonio del Toro, buscó se le concediera el beneficio de prisión domiciliaria al cumplir 70 años de edad. Hasta ese momento, la defensa llevaba presentadas aproximadamente 25 demandas de amparo contra la PGR y el juez Caballero Vértiz, fallecido a inicios de este año, lo que provocó que sus procesos judiciales marcharan a paso lento.
La solicitud de la prisión domiciliaria fue negada por primera vez en agosto de 2015. A partir de ese momento, el equipo legal emprendió una estrategia que culminó el 15 de diciembre de 2017 cuando se le concedió este beneficio.
Desde esa fecha fue trasladada a su departamento en Polanco, donde el pasado 6 de febrero cumplió 73 años de edad.
Hasta su traslado al exclusivo condominio en la Delegación Miguel Hidalgo, la maestra fue absuelta en dos procesos por defraudación fiscal de 2 millones 199 mil pesos y otro por 4 millones 394 mil 682 pesos.
El juez Sexto de Distrito había dictado por tercera vez el auto de formal prisión en su contra luego de reponer el procedimiento por los amparos que su defensa promovió.
La PGR intentó reforzar las medidas de seguridad establecidas en el departamento donde permanecía recluida pues consideró que como líder sindical podría “desestabilizar la paz y seguridad del Estado mexicano”.
Gordillo Morales libró su última batalla legal contra la PGR y salió triunfante de ella, hoy está “en familia” según su abogado y planea regresar al ojo público el 20 de agosto próximo, con el inicio del nuevo ciclo escolar.
