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El presidente del Senado, Ernesto Cordero (PAN), informó que hoy irá al pleno el debate sobre la Ley General de Comunicación Social como llegó de la Cámara de Diputados, al no haber dictamen en Mesa Directiva aprobado en comisiones.
El jueves 20 de abril y ayer, las comisiones unidas a cargo del dictamen no lograron consensos, y anoche Cordero Arroyo propuso un mecanismo emergente para la discusión y votación de la nueva ley.
Por mandato de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), el Congreso tiene hasta el próximo lunes 30 de abril como plazo para legislar sobre el párrafo octavo del artículo 134 de la Constitución, en materia de propaganda gubernamental.
Mañana es la última sesión ordinaria en el Senado, y si cambia la reforma de los diputados, tendrían que conocer nuevamente la materia, discutir, dictaminar y votar.
Advierte la Corte. El lunes, el ministro José Ramón Cossío emplazó al Senado a aprobar sin cálculos políticos la Ley General de Comunicación Social y advirtió que en caso de no avalarla se podría promover la destitución de los 628 legisladores del Congreso de la Unión.
“Si estamos haciendo cálculos políticos —insisto— vamos a agravar más las cosas, están tensas”, dijo en entrevista en el Senado.
Indicó que en el supuesto de que el Senado incumpla con la aprobación de esta ley, procedería la destitución inmediata de los 500 diputados y los 128 senadores.
“No por asustar a nadie, pero a los 628 legisladores federales”, subrayó, y agregó que la condición sería que en caso de que la Corte considerara que se ha incumplido, tendría que separar a los 628 legisladores, inhabilitarlos y someterlos a proceso penal por la comisión de un delito contra la administración de justicia”, precisó.
El acuerdo de alternativa en el Senado de la República para que hoy sea discutida la Ley General de Comunicación Social fue sometido a votación con 43 sufragios a favor, 31 en contra y cero abstenciones.
Preocupación en ONU y CIDH. En Washington, relatores expertos en derechos humanos de las Naciones Unidas (ONU) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) criticaron el actual proyecto de la ley sobre publicidad oficial, y exhortaron en un comunicado la necesidad de que establezca garantías a la independencia de los medios y la libertad de expresión.
Edison Lanza (CIDH) y David Kaye (ONU) expresaron la necesidad de “un marco normativo sobre la publicidad oficial que contenga reglas claras sobre sus objetivos, criterios de asignación y procedimientos”.
