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El Senado aprobó por mayoría calificada la reforma constitucional que Andrés Manuel López Obrador llama de eliminación del fuero, consistente en que el presidente de la República pueda ser imputado y juzgado por traición a la patria, actos de corrupción, delitos electorales y por los que pueda ser enjuiciado cualquier ciudadano común.
El texto fue enviado a los Congresos estatales para su ratificación, mientras que el pleno senatorial, en una sesión vespertina, validó con 102 votos a favor y uno en contra otra reforma constitucional para que los legisladores del Congreso de la Unión puedan ser imputados y juzgados por el mismo catálogo de delitos que el presidente de la República. Esa minuta se envió a San Lázaro para su revisión y tiene el apoyo expresado por el líder de los diputados de Morena, Ignacio Mier Velazco.
Prevalecerán los mecanismos de declaración de procedencia en la Cámara de Diputados, y juicio político en el Senado, como pasos previos para que los legisladores federales y el Presidente puedan ser despojados de inmunidad.
“Hoy, nadie se está quitando el fuero”, dijo en tribuna la senadora Indira de Jesús Rosales San Román (PAN), “no es cierto, no engañen a la gente: se nos amplían los delitos por los que presidente y legisladores podremos ser imputados y juzgados”, afirmó.
Juan Zepeda Hernández (MC) estableció: “Lo que termina es la inmunidad procesal, lo que propuso el Presidente como eliminación del fuero es engañoso”, además de que la reforma no va a aplicarse a López Obrador, primero, porque no hay retroactividad, y su mayoría en el Senado le otorga apoyo unánime. El tema tiene un fin propagandístico, dijo.
Sylvana Beltrones (PRI), subrayó: “Votamos ampliar el catálogo de delitos por el cual pueda ser juzgado el Presidente”, y la reforma ya se envió a los Congresos estatales para su ratificación.
Una vez que se hayan emitido 17 votos de las cámaras de diputados locales, el Congreso de la Unión podrá declarar la constitucionalidad de la reforma a los artículos 108 y 111 en materia de ampliación de delitos por los que se pueda imputar y llevar ante un juez al Presidente.
El texto vigente del artículo 108 constitucional dispone que “el Presidente de la República, durante el tiempo de su encargo, sólo podrá ser acusado por traición a la patria y delitos graves del orden común”.
La reforma revisada y aceptada por el Senado, en los términos que votó por unanimidad la Cámara de Diputados, indica que “durante el tiempo de su encargo, el presidente de la República podrá ser imputado y juzgado por traición a la patria, hechos de corrupción, delitos electorales y todos aquellos delitos por los que podrá ser enjuiciado cualquier ciudadano o cuidadana”.
El proyecto, segundo en su tipo en esta 64 Legislatura, estuvo parado, porque el Bloque de Contención impulsaba incluir en el retiro de inmunidad procesal a los diputados federales y senadores, y en ello se mantuvieron firmes las bancadas del PAN, PRI, MC y PRD, que sumados rebasan un tercio del pleno, de manera que Morena y sus aliados no podían alcanzar dos tercios para efectuar una reforma constitucional.
El problema se destrabó, a partir de una propuesta de Miguel Ángel Osorio Chong (PRI), dijo Ricardo Monreal, para que se aprobara la minuta de los diputados sin cambios, a fin de enviarla a los estados para la ratificación de los Congresos locales, y que se iniciara una nueva reforma a la Constitución para incluir a los legisladores federales. Para ello, la sesión que inició a las 11:26 horas fue levantada a las 14:38 horas y se citó a otra vespertina que se adelantó a las 14:51 horas.
La reforma adicional recibió 102 votos a favor y uno en contra de la panista Martha Cecilia Márquez Alvarado.