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Con 18 votos en contra emitidos por panistas, priístas, uno de Morena y la bancada completa de Movimiento Ciudadano, el pleno del Senado aprobó con 91 votos la ampliación del catálogo de delitos por los que el juez deberá ordenar prisión preventiva oficiosa, entre los cuales figuran los de corrupción, abuso sexual contra menores, robo a casa habitación y feminicidio.
El proyecto de decreto que modifica el artículo 19 de la Constitución fue debatido durante seis horas, con un choque de posiciones, incluso entre oradores del mismo partido.
En contra se dijo que con el catálogo de delitos ampliado se anula el Sistema de Justicia Penal Acusatorio. A favor se mencionó que se trata de una respuesta responsable a las exigencias de seguridad y justicia.
Los senadores incluyeron una cláusula, a fin de que en cinco años sea revisada su efectividad.
En comisiones de Puntos Constitucionales y Estudios Legislativos Segunda se aprobó un dictamen que añade al catálogo de delitos los de abuso o violencia sexual contra menores y el uso de programas sociales con fines electorales.
El robo de transporte, desaparición forzada y cometida por particulares, delitos en materia de armas de fuego y explosivos de uso exclusivo del Ejército y el huachicoleo ameritarían pena de media aritmética de cinco años.
Luego, en la presentación de reservas, el panista Juan Antonio Martín del Campo logró la aprobación de incluir el delito de robo a casa habitación, y la morenista Martha Lucía Micher impulsó que se incluyera el delito de feminicidio.
Serán objeto de prisión preventiva oficiosa el enriquecimiento ilícito y el ejercicio abusivo de funciones de los servidores públicos.
Las adiciones de corrupción y delitos electorales, por otra parte, están incluidas en la iniciativa de retiro de fuero que envió López Obrador.
El senador José Antonio Álvarez Lima (Morena), por la Comisión de Puntos Constitucionales, dijo que la prisión oficiosa es excepcional y responde a la sensación de injusticia.
La senadora Verónica Camino Farjat (PVEM) destacó que la sociedad vive insegura y pide fortalecer el aparato jurídico de protección al patrimonio e integridad de las personas: “La prisión preventiva oficiosa no es la solución total”.
Hizo ver que ampliar el catálogo de delitos merecedores de prisión preventiva no es la vía para concluir el grave problema de seguridad e impartición de justicia, ya que se requiere de la profesionalización de todos los operadores del sistema.
La presidenta de la Comisión de Seguridad Pública, Jesús Lucía Trasviña Waldenrath, dijo que la prisión preventiva oficiosa se aplica con criterios que respetan los derechos humanos del imputado.
Una vez emitida la votación en lo general, el pleno entró a la discusión de las reservas al dictamen.
