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En la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) está en marcha una “operación limpieza” sigilosa, que ha dejado hasta el momento el cese de al menos 30 servidores, entre agentes del Ministerio Público y fiscales, como el extitular de la Unidad Antisecuestros Gualberto Ramírez Gutiérrez.
Fuentes de la Fiscalía General de la República (FGR) revelaron a EL UNIVERSAL que la Visitaduría General, a cargo de Adriana López Campos, indaga con lupa al personal de las unidades especializadas en Investigación de Delitos Contra la Salud (UEIDCS); en Investigación de Terrorismo, Acopio y Tráfico de Armas (Ueita), y en Investigación de Delitos en Materia de Secuestros (UEIDMS) por presuntos actos de corrupción y uso indebido del servicio público.
“Hay una operación limpieza muy callada y sigilosa en la SEIDO. Visitaduría General cae a diestra y siniestra [a la corporación]; están investigando a muchos funcionarios”, dijeron las fuentes consultadas.
La situación ha avanzado de tal manera que “a los [agentes de los] ministerios públicos los han hecho renunciar y les han sacado sus cosas como si estuvieran desalojando a los paracaidistas de algún predio”, destacaron.
Catean casa de exfuncionario. De acuerdo con las fuentes, se han presentado situaciones de “violencia cuando sacan de las instalaciones de la SEIDO a los [agentes de los] ministerios públicos que hacen renunciar”.
En el caso particular del extitular de la Unidad Antisecuestros de la SEIDO Gualberto Ramírez Gutiérrez, las fuentes ministeriales detallaron que integrantes de la Policía Federal Ministerial catearon la casa del exfuncionario hace unos días por una averiguación que se sigue en su contra por presunta corrupción durante su administración.
La visitaduría está diario en las instalaciones de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada, la cual también tiene en la mira las gestiones de los extitulares Alonso Israel Lira Salas y Felipe Muñoz Vázquez. “Está delicado el asunto”, añadieron las fuentes.
El 9 de julio pasado, el exfiscal Gualberto Ramírez Gutiérrez fue cesado de la Unidad Antisecuestros y apenas la semana pasada fue nombrado en su lugar Guillermo Terán Pulido, quien ocupó diversos cargos en la Procuraduría General de Justicia (PGJ) de la Ciudad de México.
Dos días después, el 12 de julio pasado, el fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, nombró a Alfredo Higuera Bernal, exjefe de la Oficina Especial para el caso Ayotzinapa, como nuevo titular de la SEIDO, acorde con los cambios en esta subprocuraduría encargada de combatir el crimen organizado.
La titularidad de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada había estado pendiente desde el 14 de diciembre del año pasado, luego de que renunció a su cargo Israel Lira Salas, y únicamente había un encargado del despacho.
Higuera Bernal sustituyó a Alonso Israel Lira Salas, quien busca la protección de la justicia a través de un amparo para evitar ser detenido.
Al frente de la SEIDO, Lira Sales llevó los casos de los exgobernadores de Veracruz Javier Duarte de Ochoa; de Quintana Roo Roberto Borge Angulo, y el asunto de las cajas de seguridad aseguradas a usuarios de la empresa First National Security, como parte de una investigación en 2017 contra el grupo criminal que encabezó en Cancún, Quintana Roo, Leticia Rodríguez Lara, alias Doña Lety.
El informe de Gertz Manero. Al presentar su informe sobre el estado en el que recibió a la entonces PGR, el fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, acusó que heredó una institución en “anarquía administrativa”, con despilfarro en gastos, rezago injustificado de más de 300 mil investigaciones y un descontrol en el uso y estado de la flota aérea y terrestre.
Aseguró que había un desorden en las denuncias o querellas que se presentaban, porque cada unidad recibía los casos que quería o le convenía, sin orden ni verificación.
Incluso, reveló que encontró “asignaciones desproporcionadas e ilógicas, como son de mil casos para una sola persona, hasta numerosos ministerios públicos que no tenían asignada ninguna carpeta o averiguación”.
Según Gertz Manero, las sentencias definitivas obtenidas por el Ministerio Público Federal (MP) no alcanzan más de 5% del volumen total de los asuntos tramitados, lo que evidencia la poca efectividad del MP de la Federación.
