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Luego de reconocer fallas en el mecanismo de protección a periodistas y defensores de derechos humanos que funciona desde 2012, el gobierno federal anunció un reforzamiento del programa y una auditoría a la empresa RCU —en la que han detectado irregularidades—, encargada de proteger en caso de riesgo a los comunicadores y defensores.
Al informar en conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional sobre la situación del mecanismo de resguardo para periodistas y defensores de derechos, el presidente Andrés Manuel López Obrador sostuvo que las fallas son parte de la herencia del gobierno anterior.
El mandatario dijo que el gobierno detectó dos grupos de agresores contra los comunicadores y los defensores: la delincuencia organizada, los grupos delictivos y los representantes del Estado.
Sin embargo, el Presidente reiteró que existe una prensa fifí y conservadora a la que señaló de tener una consigna para, incluso, calumniar al gobierno. “El señalar que existe un partido conservador, que existe una prensa fifí, pues es decir lo que considero real, no es una invención”.
Dentro de las acciones para reforzar el mecanismo de protección a periodistas y defensores de derechos humanos, el Presidente instruyó a su gabinete de seguridad a reemplazar las escoltas privadas de las personas que están en riesgo y bajo ese programa, y que se incorpore a la tarea a personal instruido por la Sedena y efectivos de la Policía Federal.
“Está en proceso el reemplazo de escoltas privadas de los beneficiarios por escoltas capacitadas de la Policía Federal. En la reunión que acabamos de terminar del gabinete de seguridad, el Presidente de la República ha instruido para que también el área de protección a funcionarios de la Sedena coadyuve para resolver esa situación de la mejor manera”, dijo.
El subsecretario de Derechos Humanos de la Segob, Alejandro Encinas, detalló que se han detectado fallas por parte de la empresa RCU, la cual se dedica a darle protección a los periodistas y defensores en riesgo como parte del mecanismo que se echó a andar desde 2012, en la administración de Enrique Peña Nieto.
“Desde el origen del mecanismo, la empresa privada otorga exclusivamente todas las medidas de protección y tiene reportes de deficiencias en su operación, particularmente en dispositivos tecnológicos y personal”, detalló Encinas.
Además, dijo, el presupuesto asignado no es el suficiente, por lo que pedirán 75 millones de pesos adicionales a los 207 millones asignados para 2019.
Ante esto, esa empresa y todo el mecanismo serán auditados por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), ya que se han detectado sobrecostos y el personal que contrata a dicha compañía eran militares y marinos retirados, ya que RCU no tenía los permisos para la portación de armas.
“No vamos a desaparecer el mecanismo, pero sí requiere un rediseño y reforma a la ley para las facultades y mecanismos de protección”, aclaró.
Relató que suman seis periodistas y nueve defensores de derechos humanos asesinados desde que inició la actual administración de López Obrador el 1 de diciembre de 2018. Ayer se sumó un periodista más asesinado, con lo que suman siete.
Actualmente son 790 periodistas y defensores bajo el mecanismo de protección. También se plantea que el gobierno involucre más a los dueños de medios de comunicación para la protección de sus trabajadores, así como la cooperación internacional para fortalecer la operación del mecanismo.
En su conferencia, el Presidente arremetió contra los expresidentes Carlos Salinas, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. Las críticas giraron en torno a la situación de los bajos salarios, la desigualdad, deuda y corrupción de gobiernos anteriores.