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El abogado Juan Collado solicitó un amparo para evitar el aseguramiento de la sede de la empresa Libertad Servicios Financieros en Querétaro (Caja Libertad); sin embargo, su demanda no ha sido admitida.
La juez Cuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México concedió cinco días al jurista para que aclare el acto que reclama. En su demanda, Collado intentó impugnar cualquier orden, mandato o instrucción girada para asegurar el inmueble.
EL UNIVERSAL informó que en su denuncia la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda solicitó el bloqueo de cuentas y aseguramiento de todos los activos de Collado, de José Antonio Rico Rico, José Antonio Vargas Hernández, Roberto Isaac Rodríguez Gálvez y Tania García.
Hasta el momento ni la Fiscalía General de la República (FGR) ni la UIF han dado a conocer si la medida solicitada fue procedente o no, pues para ello la fiscalía deberá acudir con un juez especializado en arraigo e intervención de comunicaciones en la Ciudad de México para que autorice el bloqueo requerido.
Según la FGR, Caja Libertad supuestamente fue utilizada para comprar un terreno en Querétaro a Operadora Inmuebles del Centro, cuya propiedad es reclamada por Sergio Hugo Bustamante Figueroa, quien presentó su denuncia en junio pasado.
De todos los imputados, únicamente el abogado Juan Collado ha sido aprehendido y el pasado 10 de julio un juez de control en el Reclusorio Norte decidió vincularlo a proceso y le impuso prisión preventiva de oficio por dichos delitos.
En su recurso de apelación la defensa de Collado aseguró que el juez de control ignoró los datos de prueba de descargo que presentó en su audiencia inicial, razón por la que su decisión, que mantiene al abogado preso en el Reclusorio Norte, debe ser revocada.
Fuentes judiciales revelaron que en el recurso de apelación presentado este lunes Collado Mocel indicó que durante el debate de la audiencia inicial la FGR no respondió los argumentos de su defensa y que el juez tampoco los valoró en su totalidad.
Acusó que la investigación presentada por la FGR para solicitar la vinculación a proceso se sustenta en un denunciante único, documentos que no tienen relación con los delitos y una averiguación previa estatal aportada por el mismo denunciante, quien no es parte interesada en la misma y se desconoce cómo obtuvo el expediente, por lo que afirmó que los datos de prueba presentados contra Collado son ilícitos.
La defensa refirió que el abogado fue vinculado a proceso porque recibió una transferencia SPEI de 24 millones de pesos, supuestamente derivados de la compra-venta ilegal del terreno reclamado por Bustamante Figueroa.
Pero, reclamó, la FGR no presentó dato de prueba alguno que acredite que Collado era miembro del Consejo de Administración de Libertad Servicios Financieros cuando recibió los 24 millones de pesos.
Cómplice. En tanto, un juez federal frenó, por el momento, la ejecución de cualquier orden de aprehensión contra el exdueño del equipo de futbol Irapuato José de Jesús Martínez Tejada, señalado como uno de los beneficiarios del lavado de dinero imputado al abogado Juan Collado.
El empresario tramitó un amparo conocido como “buscador”, para identificar si existe alguna orden de aprehensión en su contra, recurso que fue admitido por el juez Sexto de Distrito en la Ciudad de México, quien concedió la suspensión provisional al empresario.
