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La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) enlistó, para su debate y votación, la impugnación contra la reforma aprobada por el Congreso de Baja California para ampliar el mandato del gobernador Jaime Bonilla Valdez, de dos a cinco años.
Ayer, el ministro José Fernando Franco González-Salas repartió entre los integrantes del pleno el proyecto de resolución de la acción de inconstitucionalidad presentado contra dicha reforma avalada por el Legislativo local.
El proyecto, que será llevado al pleno la próxima semana, propondrá declarar inconstitucional la ampliación de mandato.
El gobernador morenista Bonilla Valdez fue electo el año pasado para gobernar Baja California por un período de dos años, pero con la reforma su mandato se amplió a cinco.
En su elección se había previsto el periodo de dos años de gestión para concluir con la homologación de mandatos establecida en la reforma electoral aprobada durante el sexenio pasado y con la que se buscó, entre otras cosas, que las elecciones federales y locales se realicen en una sola jornada.
Sin embargo, el equipo legal del gobernador Bonilla Valdez ha argumentado en las últimas semanas que la convocatoria para la elección no fijaba un plazo de dos años para el mandato y, por lo tanto, su plazo para gobernar es de cinco años.
El proyecto del ministro prevé declarar fundada la acción de inconstitucionalidad e invalidar la reforma a la Constitución de Baja California por considerarla contraria a la Carta Magna federal.
EL UNIVERSAL informó que la próxima semana los ministros discutirán el asunto en la sesión de pleno.
Esta reforma, conocida como Ley Bonilla, fue impugnada por la anterior administración de Baja California que presentó una controversia constitucional, la cual se sumó a las siete acciones de inconstitucionalidad presentadas por los partidos Acción Nacional (PAN), de la Revolución Democrática (PRD), Revolucionario Institucional (PRI) y Movimiento Ciudadano.
Al admitir las impugnaciones, en octubre pasado, el ministro Franco González-Salas negó suspender la toma de protesta de Bonilla Valdez, que ocurrió el 1 de noviembre de 2019, al considerar que ese acto no significaba una consumación de la reforma y que la Corte no estaría impedida para estudiar su validez.
Los excontendientes a la gubernatura de Baja California, Ignacio Anaya Barriguete, Jaime Martínez Veloz, José Óscar Vega Marín y Enrique Acosta Fregoso, acudieron a la Corte a presentar un amicus curiae (amigo de la Corte).
Desde marzo pasado, el ministro declaró cerrado el periodo de instrucción para recibir las pruebas de los involucrados.
Al tratarse de acciones de inconstitucionalidad se requieren ocho votos para anular la reforma de la Constitución estatal.
