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Un ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) admitió a trámite una controversia constitucional presentada por el actual gobierno de Baja California contra la llamada Ley Bonilla, que establece la ampliación del mandato del próximo gobernador Jaime Bonilla, de dos a cinco años.
El ministro Fernando Franco González-Salas dio entrada a la impugnación y concedió 15 días al Congreso del estado para que rinda su informe sobre la aprobación de la reforma a la Constitución de Baja California que amplía el mandato del gobernador.
Esta impugnación se sumó a las acciones de inconstitucionalidad presentadas por el PAN, PRD, PRI y MC contra la reforma a la Constitución de Baja California.
Las demandas de los partidos políticos fueron admitidas la semana pasada por el ministro Franco González-Salas, quien negó suspender la toma de protesta de Bonilla Valdez el próximo 1 de noviembre.
“La admisión del presente medio de control constitucional no dará lugar a la suspensión de la norma cuestionada, además, el hecho de que el gobernador entre en funciones el próximo 1 de noviembre, no significa que se hayan consumado los efectos de la norma, dado que su aplicabilidad es de tracto sucesivo, por lo que la vigencia de la misma no impide que esta Suprema Corte de Justicia de la Nación realice el estudio oportuno de la validez de las normas combatidas”, precisó.
Ayer, los excandidatos a la gubernatura de Baja California, Ignacio Anaya, Jaime Martínez Veloz, José Óscar Vega Marín y Enrique Acosta acudieron a la SCJN a presentar un amicus curiae en el que solicitaron a la Corte que, ante la negativa de la suspensión, ese tribunal ordene al Congreso local que el bando solemne que expida para dar a conocer la declaración de gobernador electo sea por dos años y no por cinco.
Vega Marín, del PAN, dijo que se unió con los exaspirantes del PRD, PRI y Partido de Baja California, para proteger los intereses y el Estado de derecho en la entidad.
Se trata, añadió, de un amicus curiae mediante el cual se pide a la Corte que se tome en cuenta los alegatos que puedan hacer los excandidatos, “pero además estamos pidiendo una medida cautelar, que se instruya a las autoridades locales para que el bando de gobierno, la toma de posesión se haga por dos años, independiente a lo que la Suprema Corte decida al final”.
Lo que se busca es que la Corte dicte la medida cautelar a más tardar el 31 de octubre próximo.
